Fuerte rechazo estudiantil al “dinero contaminado”

El jueves, distintas organizaciones estudiantiles llevaron a cabo una jornada de lucha con el propósito de rechazar los fondos que llegarán a la Universidad Nacional de Luján (UNLu) provenientes de la contaminante minera La Alumbrera. Como cierre de la iniciativa, se efectuó una presentación en el Consejo Superior.
La historia del dinero aportado por las empresas dedicadas a esa explotación económica se remonta a 1958. En ese año, se dictó la ley 14.771, que obliga a distribuir entre las universidades nacionales del país un porcentaje de las "utilidades líquidas y realizadas" de la empresa estatal Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio, integrante de Alumbrera Limited en el yacimiento Bajo La Alumbrera, en la provincia de Catamarca. De acuerdo a lo expresado en uno de los volantes repartidos el jueves, "ese proyecto de minería a gran escala, a cielo abierto, altamente industrializado y contaminante, inició la extracción en 1998, pero recién en 2008 comenzó a bajar los fondos". Se trata de unos 50 millones de pesos entregados a las casas de altos estudios del país, de los 20.100 millones de pesos en regalías totales en 10 años, sólo en el caso de La Alumbrera.
El año pasado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió aceptar el dinero. Ahora, el organismo aprobó una segunda entrega. En el caso puntual de la UNLu, fue aceptada la primera partida -que superaba el millón de pesos- y pasó a ejecutarse en el presupuesto. Por estos días sería inminente una nueva entrega, cuyo monto aún no se conoce con exactitud, para ejecutar en 2010.
Los estudiantes que se oponen a esta metodología por considerar que se trata de "dinero contaminado", recordaron que el Consejo Superior de la UNLu "tibia e hipócritamente, se limitó a manifestar "su preocupación ante la distribución, sin que las comunidades de cada universidad haya fijado posición sobre los fondos", cuando un año antes no mostró preocupación alguna al recibir el primer envío".
Como parte del reclamo, también se marcó que durante el proceso de aprobación del paso de la autopista que divide al predio de la UNLu en dos, y su posterior cambio de trazado, "no esperaron que se terminen (y mucho menos que se aprueben) los estudios de impacto ambiental de la obra, ni se hizo la consulta pública, y por supuesto para cerrar el ciclo se aceptaron fondos por 16 millones de pesos de la empresa constructora de la autopista, con la fachada de que venían de parte del gobierno nacional".
"Esto demuestra a las claras que no estamos ante hechos aislados, sino frente a una política universitaria que tiende hacia la privatización y el financiamiento privado de las universidades públicas", agregaron.
En síntesis, si bien reconocen las falencias financieras de la educación en general y de la UNLu en particular, los estudiantes se preguntaron cuál es el costo que la gestión de la casa de altos estudios está dispuesta a pagar para solucionar los problemas estructurales de la institución.
También desmintieron que "los fondos no puedan ser rechazados, ya que cada vez son más los casos de universidades y facultades que lo hacen. Lo que se necesita es voluntad política y compromiso con toda la sociedad".

CORTE Y PRESENTACIÓN
Durante la protesta del jueves se llevaron a cabo diferentes actividades culturales, y un corte de ruta simbólico en la ex ruta 7, a la altura de la UNLu. En ese lugar, los estudiantes repartieron volantes a los automovilistas y desplegaron banderas con consignas referidas a la problemática planteada.
En horas de la tarde, fue presentado un proyecto en el Consejo Superior impulsado por diferentes centros de estudiantes y las adhesiones del Movimiento Independiente de Agronomía y el Frente Universitario de Luján.
Entre los planteos se encuentra el de "repudiar públicamente los daños sociales, ambientales, económicos y políticos que ocasionan los Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) y el modo extractivo a cielo abierto", como así también "propiciar diversas actividades tendientes a una amplia difusión de las razones que motivan la presente resolución, generando ámbitos de discusión en el interior de nuestra universidad, y también en articulación con otras instituciones y organizaciones que adhieren al rechazo de la percepción de los fondos a los que se alude en los considerandos de la presente".
Por otra parte, se pide que el Consejo Superior recurra a los legisladores nacionales para que, en cumplimiento de sus facultades, "anualmente den sanción al presupuesto de gastos y cálculo de recursos contemplando las reales necesidades de funcionamiento de las universidades públicas". También se busca "instar al Estado nacional, al Estado provincial de Catamarca y a la Universidad Nacional de Tucumán a que las utilidades distribuidas a la Universidad Nacional de Luján sean utilizadas para realizar estudios de impacto ambiental en la zona afectada por la contaminación que genera la explotación minera a cargo de la empresa transnacional Alumbrera Limited".
Por último, quienes rechazan el dinero plantean que el cuerpo colegiado "solicite al CIN que reconsidere la aceptación de los fondos provenientes de las utilidades de la transnacional Minera Alumbrera Limited, en base a los argumentos mencionados en los considerandos de esta resolución", y le exija al Estado nacional "que ejerza con mayor rigurosidad el control de las actividades de la mencionada empresa multinacional respecto de sus efectos de contaminación del medio ambiente como de las utilidades declaradas por la misma, de acuerdo con la legislación vigente".
En los argumentos del proyecto, los estudiantes recuerdan que diversas organizaciones no gubernamentales, como el Servicio de Paz y Justicia a cargo del Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y distintos investigadores independientes, han publicado y presentado documentos que respaldan las denuncias sobre sucesivas violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente efectuadas por distintas empresas mineras, especialmente La Alumbrera.
"Se desconoce si las ganancias declaradas por Minera Alumbrera son las pactadas en el contrato firmado en 1997, situación que ha sido denunciada en reiteradas oportunidades en el Congreso de la Nación por el actual diputado nacional Eduardo Antonio Pastoriza y sobre las cuales ha solicitado informes al Poder Ejecutivo Nacional; así como reiterados pedidos de informes respecto de los daños ambientales como consecuencia de la explotación minera de la empresa mencionada, a los que respondieron parcialmente funcionarios del Poder Ejecutivo", se agrega en el texto.

Dijeron que no
En septiembre de 2008, el Consejo Asesor Zonal de la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia rechazó los fondos provenientes de La Alumbrera correspondientes al ejercicio 2007.
En igual sentido se expresó la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba en junio de 2009, como así también el Consejo Directivo de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA); el Consejo Académico de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN); el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades Universidad Nacional de Salta; el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba.