El rector dijo que la ley impide rechazar los fondos

Los fondos que por segundo año consecutivo llegarán a las universidades nacionales provenientes de la explotación minera La Alumbrera, despertaron fuertes críticas en distintos sectores sociales. El reclamo más influyente fue el del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, a través de una carta a todos los rectores.
El dinero se distribuye por intermedio del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El año pasado, la Universidad Nacional de Luján (UNLu) recibió más de un millón de pesos, de una actividad económica denunciada por generar serios inconvenientes de contaminación al medio ambiente.
En diálogo con EL CIVISMO, el rector de la UNLu, Osvaldo Arizio, dijo que las universidades no pueden rechazar los fondos porque esa decisión representaría incumplir una ley nacional.  
“En principio hay que aclarar que esto no es una donación. Tampoco es un acuerdo firmado con una empresa en particular. Este es un aporte extraordinario destinado a las universidades por una ley nacional. Desde el punto de vista legal nosotros no podemos rechazar estos fondos, porque sería lo mismo que rechazar los fondos que nos otorgan por ley de presupuesto nacional. Es un fondo establecido por una ley de la Nación”.
“Si nosotros nos negásemos, hablo del Consejo Superior, estaríamos generando una situación de perjuicio fiscal y quedaríamos encuadrados en el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y hasta tendríamos que responder con patrimonio propio”, explicó Arizio.
El rector de la casa de altos estudios local dijo que la única decisión que al respecto pueden tomar cada una de las universidades es decidir el destino de esos recursos.

-¿Cuál es entonces la situación de las facultades que decidieron rechazar los fondos?
-Los rechazos por el momento son de algunas unidades académicas. Esa es una decisión política, porque a las facultades no les cabe esta responsabilidad. No hay ninguna universidad que haya rechazado los fondos, justamente por este impedimento legal. Si un decano resuelve rechazar los fondos es una declaración más de tinte político que efectiva, porque los únicos que tienen atribuciones para eso son los consejos superiores. Estos fondos no pueden ser utilizados para gastos recurrentes o salariales. Sí se pueden utilizar para financiar obras, proyectos de investigación y actividades de distintos tipos. También el Consejo Superior puede donarlos, por ejemplo, a una ONG dedicada al medio ambiente. Lo otro es más una declaración política, porque básicamente no tiene efecto.

-¿Cuánto dinero recibió la UNLu y qué utilización le dio?
-Recibimos poco más de un millón de pesos. En nuestro caso la primera, y hasta ahora única partida, fue afectada fundamentalmente a proyectos de investigación y extensión que tuvieran que ver con el medio ambiente y el desarrollo sustentable. En función del origen de los fondos, hubo una orientación clara para tratar de mitigar los efectos negativos que genera este tipo de explotación. Una parte también se dedicó a becas estudiantiles. En ese momento salió una declaración del Consejo Superior de no aceptar momentáneamente los fondos posteriores hasta tanto no haya un debate en la comunidad universitaria en general.
Esto se está dando, en especial, a partir de la carta dirigida a los rectores que envió Adolfo Pérez Esquivel.  Eso motivó una reunión entre el CIN y Pérez Esquivel.

-¿Qué planteos se hicieron en esa reunión?
-La reunión fue muy buena porque se explicaron estos detalles de tipo legal. También se puso sobre la mesa que el sistema universitario está preocupado por la problemática de la contaminación en general. En primer lugar, el CIN ha pedido, a través de una resolución, un informe exhaustivo al organismo de control de la minera sobre el impacto ambiental que genera. Otra cuestión es impulsar un proyecto estratégico de investigación entre todas las universidades orientado a trabajos relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sustentable, con un hincapié especial en el tema de la contaminación minera. La tercera cuestión es la firma de un convenio entre el CIN y el Servicio de Paz y Justicia de Pérez Esquivel para trabajar en la formulación de una nueva ley de minería.

-Al margen del planteo legal, ¿cuál es su opinión sobre los orígenes de estos fondos?
-Entiendo que la discusión de tipo ética existe, y tiene que ver con cuál es el aporte crítico que pueden hacer las universidades con los fondos que reciben, ya sea con esta ley o con el presupuesto conformado por dinero que proviene de actividades lícitas como la minería, y que también contaminan. Si uno va al extremo ético, debería rechazar también el presupuesto, que proviene de un conjunto de actividades económicas que también contaminan. Por ejemplo, es mucho más importante el impacto ambiental que hoy estamos teniendo por la sojización que se extiende a todo el país, e implica desmontes indiscriminados. Partimos de que toda actividad económica que realiza el hombre es modificatoria del medio ambiente.

-¿No cree que termina siendo contradictorio recibir fondos de alguien que contamina para investigar a ese alguien y la contaminación que genera?
-Sí, es así. El problema es que entonces hay que cambiar el sistema. Insisto, los fondos con los cuales se nutre el Estado y después asigna a distintas áreas provienen, básicamente, de la actividad económica. Y toda actividad económica tiene niveles de contaminación. Hay algunas que tienen altos niveles de contaminación...

-Eso no es un detalle menor.
-Claro que no es un detalle menor, pero no quiero demonizar a la minería. No me caben dudas de que es uno de los aspectos centrales de contaminación, pero hay otros que también necesitan una revisión desde el punto de vista de los mecanismos de control del Estado.