La Provincia ratificó la clausura del sedimentador

Después de varios incumplimientos en los controles que debe llevar a cabo el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), el gobierno de Graciela Rosso recibió con satisfacción la última intervención efectuada por Provincia en la empresa Curtarsa.  
El martes, el municipio decidió la clausura de un sedimentador que funcionaba a cielo abierto, situación que generaba una “potencial gravedad para la salud y la seguridad de la población circundante”. Dos días después, y de acuerdo a los procedimientos legales, el OPDS realizó una inspección en la curtiembre y ratificó la medida tomada por el gobierno municipal.
La decisión tuvo lugar después de los duros cuestionamientos públicos vertidos por la jefa comunal al accionar de la Provincia, responsable directo de controlar a una empresa de tercera categoría como Curtarsa. Luego de un sospechoso silencio e inacción, y de no asistir a la reunión que la semana pasada mantuvieron las partes involucradas, el OPDS hizo lugar al reclamo de los castigados vecinos de Jáuregui. Incluso, funcionarios locales evaluaron un cambio de actitud a partir de la determinación ratificada el jueves. Sin embargo, las desconfianzas hacia el OPDS continúan latentes. Por eso, el municipio insistirá con la propuesta de iniciar controles de manera bilateral con Nación, donde Rosso tendría luz verde para encarar medidas que tengan como finalidad acotar la impunidad histórica de la gran curtiembre en materia de medio ambiente y daños a los vecinos.

UN TAPÓN
Terminada la clausura efectuada el martes, el ingeniero y abogado David Iud, asesor del gobierno municipal en temas ambientales, explicó a EL CIVISMO que en el sedimentador “se precipitan barros que son los que arrastran los productos químicos que pueden ser peligrosos para la fauna bacteriana que está aguas abajo. Terminada esa etapa, los desperdicios pasan al “concentrador de barros y de ahí a la sala de tratamiento de barros, donde está el famoso horno”.

En palabras menos técnicas, un funcionario local dijo a este medio que impedir el funcionamiento de esa pileta es similar a obstruir el último tramo del sistema digestivo de una persona. El sedimentador que fue motivo de la sanción es el que le permite a la empresa un rápido pasaje y tratamiento de líquidos a través de un sistema de barrido que favorece ese procedimiento.
Al permanecer fuera de servicio, Curtarsa está obligada a limitar el proceso a una sola pileta, de menor capacidad y carente de un sistema de barrido de sustancias semisólidas. Si la curtiembre pretende mantener el nivel de producción registrado antes de la clausura, el sedimentador que aún permanece habilitado colapsaría su capacidad en poco tiempo. Por esta razón, la sanción limita de manera considerable el volumen productivo de la firma de capitales italianos.
Durante la inspección municipal se constató que el sedimentador primario B poseía el cerramiento incompleto y “ausencia de conducto de extracción de gases”.
El sedimentador dejó de funcionar como marca la ley a mediados de año. Según lo expresado por las autoridades de Curtarsa en una reunión mantenida con la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, la ruptura de la cobertura se debió a una tormenta. Pasaron varios meses sin que la empresa iniciara las obras de reconstrucción. Durante ese tiempo, el olor nauseabundo se tornó insoportable para los vecinos de Jáuregui. Ahora, cuando el agua parece llegarle al cuello, la curtiembre asegura que en 72 horas concluirá los trabajos de adecuación del sedimentador.
  
SILENCIO
El lunes, este bisemanario inició tratativas para conseguir la palabra de alguna autoridad del OPDS. A pesar de la buena predisposición mostrada por los encargados de Prensa, el pedido cayó en saco roto.
Recién el jueves, se envió a esta redacción un extenso informe donde se detallan las actuaciones llevadas a cabo por ese organismo.
La Provincia especifica una serie de mediciones efectuadas en distintos puntos del proceso productivo de Curtarsa. El documento, de tono estrictamente técnico, habla de controles en los efluentes líquidos, gaseosos y semisólidos.
Justamente, esas actuaciones recibieron los mayores cuestionamientos de Rosso. En diálogo con EL CIVISMO, la intendenta había expresado que “el monitoreo que se estaba haciendo no era de acuerdo a lo convenido. De acuerdo a lo convenido nosotros íbamos a definir qué se iba a monitorear y cómo. Pero lo decidieron bilateralmente el OPDS con la empresa, sin el acompañamiento nuestro”.
“Por otra parte, el CIMA -que es la institución de la Universidad de La Plata que realiza los estudios- solamente podía hacer los estudios y no tomar decisiones. Cuando nosotros lo consultamos, el CIMA nos dijo que no podía decir qué otras cosas podían medir. Ustedes saben que uno puede medir lo que quiere medir, o medir lo que sabemos que no va a dar nada. Y el momento en que se mide también es determinante”, denunció Rosso.


Jornada de luchas ambientales
El próximo lunes, a partir de las 15, se llevará a cabo una jornada de luchas ambientales, en la Universidad Nacional de Luján. La convocatoria se plantea como un punto de encuentro de diversas experiencias de organización en torno a la temática.
Estarían presentes vecinos de Marco Paz, representantes de autoconvocados que luchan contra la minería a cielo abierto y, casi con seguridad, vecinos de Jáuregui. Se realizarán charlas sobre diferentes aspectos referidos al cuidado del medio ambiente.