“Los concejales se dejan influenciar por ARPAE”

El ingeniero forestal Claudio Lowy encabeza un pedido al Ministerio de Agricultura de la Nación para que se modifique el método de clasificación de los agroquímicos. Con el aval de unas 10 mil firmas, la semana pasada inició una nueva huelga de hambre con el propósito de lograr el objetivo de obtener una manera de clasificación que abarque los distintos daños a la salud que pueden provocar las sustancias utilizadas en las fumigaciones.
En declaraciones al programa radial “El Tábano” (FM Asteroides 93.9), que conducen los periodistas Nicolás Grande y Romina Caldiero, Lowy también se refirió al proceder de los concejales lujanenses al considerar que en el debate por la ordenanza que por estos días se discute en el Concejo existe una fuerte influencia de la Asociación Rural de Productores Agropecuarios del Este (ARPAE).

- ¿A qué apunta el pedido de modificar el método de clasificación?
- La actual metodología de clasificación hace parecer a estos productos mucho menos tóxicos de lo que en realidad son. Se usa la denominada Dosis Letal 50 por ciento Aguada. Si una persona quiere aprobar un nuevo pesticida lo primero que tiene que hacer es que se lo clasifiquen toxicológicamente. Para eso envía el producto a un laboratorio que somete sucesivas dosis a una muestra de ratas o conejos hasta encontrar la dosis que mata en forma rápida, en entre 24 y 48 horas, al 50 por ciento de la muestra. Si la dosis es alta quiere decir que el producto es poco tóxico y se comercializa con una banda verde. En el caso de que la dosis sea baja, esto es interpretado como que el producto es muy tóxico y es identificado con una banda roja. En el medio están las bandas azules y amarillas.
Esta metodología tiene el inconveniente de no considerar ni los daños sub-letales ni los daños crónicos. Los primeros son aquellas situaciones donde la persona se enferma pero no muere, como alergias, enfermedades respiratorias, abortos espontáneos, malformaciones congénitas, enfermedades que están detallando los médicos de pueblos fumigados.
Tampoco se evidencian los daños crónicos, donde la persona es fumigada hoy y los daños aparecen en el mediano y largo plazo, y también la cronicidad por repetición.
 
- ¿Cómo incide esta forma de clasificación en el uso de los agroquímicos?
- Las normas provinciales dicen que cuanto menos tóxicos son los productos, se pueden usar para fumigar más cerca de los lugares donde viven personas, por ejemplo del otro lado de las calles. Yo recuerdo una fotografía aérea de Luján que mostraba un campo de soja cultivado hasta las medianeras de las casas. Ahí había pesticidas. Del otro lado de la medianera había una pileta de lona, lo que indica que había chicos jugando. Eso no puede ser, por eso pedimos el cambio de metodología de clasificación.
Además pedimos que los estudios de laboratorio no se hagan sobre los principios activos, por ejemplo el glifosato, sino sobre los formulados. Esos cócteles se hacen para que lo que se aplique sea más tóxico. El Roundup tiene productos todavía más tóxicos que el glifosato. Además pedimos que las entidades que realicen estas investigaciones tengan reconocida independencia de criterio. La mayoría de las investigaciones que se utilizan para clasificar los productos están hechas o financiadas por las empresas que producen y comercializan estos productos. Están siendo juez y parte diciendo si hace mal o no. Además pedimos que hasta tanto se hagan estos estudios los pesticidas sean clasificados con banda roja, como muy tóxicos, porque no sabemos cuáles son los daños que nos pueden hacer.

- ¿Qué dice el Ministerio de Agricultura?
- No contesta. Le hemos pedido el listado de cuáles son los laboratorios autorizados para hacer estas investigaciones, y no nos dieron esta información. Se lo hemos pedido amparados en el decreto presidencial que establece el derecho a la información pública. Pareciera ser que el Ministerio considera que esa es información secreta a la cual los habitantes que padecemos las consecuencias de estos pesticidas no tenemos derecho a acceder. Hay total indiferencia de las autoridades ante los daños que está padeciendo la población por estos pesticidas.

- ¿Qué opina del debate que tiene lugar en el Concejo Deliberante de Luján? Algunos concejales pretenden poner una distancia de 100 metros de las zonas urbanas.
- Eso es un desastre. Hay un estudio del INTA que muestra que prácticamente no hay ningún lugar de Luján que no esté afectado por la deriva de las pulverizaciones. Los concejales se dejan influenciar por ARPAE que trae como asesores supuestamente científicos a profesionales que tienen reconocida vinculación con las organizaciones que nuclean a los comercializadores de estos productos. Los concejales tienen que conseguir información de profesionales independientes, no puede ser que se dejen influenciar por gente que está paga por las organizaciones que comercializan esos productos, eso es antiético. Los concejales se están equivocando al poner en riesgo al conjunto de la población. Por ejemplo el ingeniero (Alberto) Etiennot que dice que en Europa se permite fumigar a 10 metros de donde vive la gente. Es una barbaridad. En Europa han prohibido las fumigaciones aéreas y están promoviendo la gestión integrada de plagas. Lo he acusado públicamente de ser un mentiroso y de no tener argumentos científicos. El ingeniero no me preocupa, sino los concejales que se dejan influenciar por gente que claramente está identificada con las empresas que comercializan estos productos. En cambio, no escuchan a los médicos que atienden a los enfermos, a los científicos independientes que no tienen ningún interés comercial. De parte nuestra no hay un interés comercial detrás de esta lucha, en cambio ellos sí ganan plata y entonces tienen más interés en mentir que en decir la verdad.