Martes//Los cambios en la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante apenas recibió un tratamiento superficial en las comisiones de Legislación y Salud. Se prevén “disposiciones específicas que establezcan las sanciones a aplicar, indicar los sujetos alcanzados por dicho régimen, definir los tipos contravencionales y estipular la penalidad correspondiente a cada uno de ellos”.
La modificación a la ordenanza sobre fumigaciones propuesta por el Departamento Ejecutivo, y avalada por las organizaciones que reclaman la plena reglamentación de la norma, aún no llegó al recinto del Concejo Deliberante, y apenas recibió un tratamiento superficial en las comisiones de Legislación y Salud.
La reforma recae sobre los artículos 16 y 17 y tiene el propósito de "incorporar disposiciones específicas que establezcan las sanciones a aplicar, indicar los sujetos alcanzados por dicho régimen, definir los tipos contravencionales y estipular la penalidad correspondiente a cada uno de ellos".
El Ejecutivo propone que "los fondos que percibiere la Municipalidad como resultado de la aplicación de las sanciones pecuniarias serán destinados al Fondo para el Estímulo de Sistemas de Producción Agropecuaria Ambientalmente Sustentable".
Si bien en reuniones con las organizaciones el secretario de Salud, Alberto Luccón, había manifestado la intención del gobierno de lograr la aprobación de la modificación en la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante, hasta el momento los concejales no parecen con intenciones de apurar el tema.
De hecho, en el propio bloque oficialista existen objeciones a la propuesta de endurecer las sanciones contra quienes violen las distancias libres de fumigaciones establecidas en la ordenanza. Así lo hizo saber a integrantes de la comisión de Salud, la edil Hilda Colombo.
Por otra parte, algunos concejales consideran que para aprobar la reforma se necesita, primero, modificar la ordenanza fiscal-impositiva.
En julio se cumplirá el primer año de la aprobación unánime que recibió el proyecto. Desde entonces, sin embargo, se repitieron las denuncias en distintos barrios y localidades sobre la aplicación de agrotóxicos irrespetando los 500 metros de protección establecidos desde los centros urbanos. Tampoco se avanzó en la conformación de un registro de aplicadores, tal como se establece en el articulado de la ordenanza.