“Argentina se ha ubicado, como pocos países en el mundo, a la vanguardia de la lucha contra el olvido de crímenes a gran escala cometidos desde estructuras estatales. Ese logro -que comenzó con el regreso de la democracia para luego sufrir un fuerte retroceso y finalmente volver a recorrer el camino de la justicia- debe constituir un orgullo legítimo para aquellos ciudadanos que aspiran a dirimir sus diferencias ideológicas en el campo de la democracia”.
Algunos hechos recientes, coincidentes con la llegada de un nuevo gobierno, hacen prender una luz de alerta necesaria para evitar retrocesos en el camino de seguir obteniendo memoria, verdad y justicia sobre lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar. La causa de los derechos humanos en tanto política de Estado constituye uno de los logros más relevantes de la década y su sostenimiento se vuelve imprescindible para un país democrático, más allá de cualquier aspiración legítima de cambio en otros aspectos.
Las pintadas a modo de escrache de espacios recuperados para el ejercicio de la memoria histórica, como la Mansión Seré en Morón, sumado al preocupante editorial publicado recientemente en el diario La Nación, como así también expresiones públicas de personalidades cercanas al nuevo esquema de gobierno, obligan a un llamado de atención.
Argentina se ha ubicado, como pocos países en el mundo, a la vanguardia de la lucha contra el olvido de crímenes a gran escala cometidos desde estructuras estatales. Ese logro -que comenzó con el regreso de la democracia para luego sufrir un fuerte retroceso y finalmente volver a recorrer el camino de la justicia- debe constituir un orgullo legítimo para aquellos ciudadanos que aspiran a dirimir sus diferencias ideológicas en el campo de la democracia. Un orgullo, incluso, que debe estar por encima de los gobiernos para constituirse en un patrimonio de la ciudadanía en general.
Es muy probable -y deseable- que las expresiones que después de 40 años defienden el accionar militar se correspondan con sectores minoritarios de la sociedad. No obstante, es peligroso que el nuevo escenario político los envalentone para volver a mostrar sus garras. En ese sentido, el nuevo presidente nunca dio señales claras en defensa de la política de derechos humanos. Por el contrario, el año pasado Mauricio Macri prometió terminar con “el curro de los derechos humanos”, sin mayores explicaciones sobre el alcance de semejante afirmación.
Más recientemente, uno de los intelectuales del macrismo, Marcos Aguinis, arremetió sin pelos en la lengua contra Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, a las que llamó “mujeres despreciables”. Detrás de esas personificaciones se encierra un odio profundo hacia los organismos que mantuvieron siempre alto el reclamo de memoria, verdad y justicia, especialmente en los momentos de mayor desmemoria colectiva y su lucha aparece como la gran responsable de los nuevos tiempos que en el tema comenzaron a correr a partir de 2003.
Como aliciente sirve la reacción que despertó el editorial del diario La Nación entre sus propios trabajadores. El artículo, que confunde “justicia” con “venganza” y considera al cambio de gobierno como un momento propicio para poner punto final a los juicios contra los genocidas, encontró el rechazo de periodistas propios, en un hecho inédito y valorable.
Como dijo recientemente el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, “lamentablemente, aún existen nostálgicos de la violencia. No estamos dispuestos a retroceder un paso”. Contra esa nostalgia, es obligación permanecer atentos.