Así se desprende de un extenso informe elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria que involucra a Luján, Chivilcoy y Marcos Paz. El trabajo constituye un relevamiento luego del hábeas corpus colectivo presentado el año pasado por el juez Marcelo Giacoia. Se repiten aprehensiones injustificadas, serias deficiencias en los registros de comisarías y escaso avance en causas por apremios ilegales.
Con el aval implícito de una parte de la sociedad y de los medios de comunicación que reiteran la idea de establecer una relación lineal entre jóvenes de sectores pobres y delincuencia, las prácticas policiales por fuera de la legalidad encuentran legitimidad social. De ahí que cualquier información orientada a cuestionar dichas metodologías corra el riesgo de caer en saco roto.
En ese intento de remar contra la corriente con miras a evitar la vulneración de derechos, en abril del año pasado, el juez Marcelo Giacoia, a cargo del Juzgado de Garantías del Joven 1 del Departamento Judicial Mercedes, dispuso un hábeas corpus colectivo ante el incremento de las detenciones de niños y jóvenes en los distritos de Luján, Chivilcoy y Marcos Paz sin que existan situaciones de conflictos con la ley penal. En otras palabras, esas demoras con traslados a comisarías –que en ocasiones incluyeron violencia física y simbólica- no encuadraban en las disposiciones legales que permiten la intervención policial. No había flagrancia sino detenciones por “portación de rostro” disfrazadas de averiguación de antecedentes y otras figuras que quedaron asentadas en los libros de ingresos.
Además de establecer la prohibición de continuar con esas prácticas, la disposición firmada por Giacoia establecía un relevamiento posterior para evaluar su cumplimiento, a cargo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Esta semana, EL CIVISMO accedió al extenso informe que elaboró el organismo como parte de un seguimiento que incluyó la visita a dependencias policiales de los distritos mencionados.
BALANCE
Los resultados del trabajo encarado por la Comisión Provincial por la Memoria son claros: a contramano de la prohibición judicial (y legal) dispuesta por Giacoia, los efectivos policiales continúan con las detenciones violatorias de los derechos de menores de edad. El trabajo concluye que “las denominadas ‘figuras arbitrarias’ -con las cuales las policías de la Provincia de Buenos Aires suelen asentar en sus registros la aprehensión, demora o detención de niños, niñas y adolescentes- se siguen utilizando en las localidades de Luján, Chivilcoy y Marcos Paz”. En los registros policiales aparecen términos como “averiguación de ilícito”, “entrega de menor”, “averiguación de identidad” o “recaudos legales”.
A su vez, la Comisión plantea que “se advierten problemas relacionados con la conformación de los registros policiales destinados a relevar, asentar y verificar las detenciones, aprehensiones o demoras de niños, niñas y adolescentes en las comisarías o dependencias policiales, y aquellas que se despliegan en la vía pública”. En ese sentido, los relevamientos efectuados dejan al descubierto tachaduras, omisiones y discordancias de distinta naturaleza. Se pone como ejemplo que en la Comisaría Luján Primera “no se asientan datos sobre la edad de los detenidos, su DNI, ni la fecha de nacimiento; y aparece omitido en la mayoría de los asientos, el motivo de la detención”.
Al momento de dictarse, el hábeas corpus también dispuso que las fiscalías correspondientes llevaran a cabo las investigaciones ante presuntas comisiones de delitos de acción pública por parte de personal policial de Luján, Chivilcoy y Marcos Paz. Esas sospechas se desprenden de distintos testimonios de jóvenes que denunciaron violencia al momento de ser aprehendidos.
En este aspecto, el relevamiento también muestra resultados poco alentadores: “La información remitida por la Defensoría General sobre la consulta realizada por la CPM, acerca de las causas ingresadas durante los años 2015 y 2016 en las que resulten imputados funcionarios policiales, no permite mantener una expectativa alentadora sobre la eventual instrucción fiscal para determinar las eventuales responsabilidades de los agentes policiales involucrados en las detenciones de niños, niñas y adolescentes (…) De acuerdo a las planillas extendidas en virtud del ‘Programa Integral de Sistematización de Información’, donde se asientan desde el año 2012 los datos de las personas asistidas por la defensa pública que hayan denunciado violencia institucional, en ninguna investigación penal preparatoria -formadas por dichas denuncias- se había recibido declaración indagatoria a los funcionarios policiales involucrados”.
Por su parte, la Fiscalía General respondió a la Comisión Provincial por la Memoria que hasta el momento de producirse el informe no se había formulado imputación alguna a personal policial en los casos que integran el hábeas corpus. La falta de actividad fiscal tendiente a determinar responsabilidades policiales se ejemplifica a través de un joven de la ciudad de Chivilcoy, cuyos progenitores denunciaron el proceder ilegítimo e ilegal de las fuerzas de seguridad. La presentación fue “desestimada” sin antes convocar a los denunciantes a ratificar, ampliar y/o aportar datos que permitan indagar sobre los hechos descritos.
“Toda la información recolectada, provista por los distintos órganos públicos a los que interpeló el fallo del juez Giacoia, reafirma una vez más (redundando las específicas, categóricas y taxativas prohibiciones que desde tiempos inveterados se encuentran previstas en la legislación vigente) que las dependencias policiales no constituyen lugares aptos para recibir a niños, niñas y adolescentes, así sea por espacio de pocas horas, y mucho menos, para alojarlos en carácter de aprehendidos, demorados o detenidos”, agregan desde la Comisión.
Se resalta la precariedad edilicia que caracteriza a las dependencias policiales relevadas, descripción que se suma “a un contexto sumamente violento para los jóvenes, que en numerosas oportunidades constituye un aciago marco para que sean objeto de graves delitos por parte de agentes públicos que debieran garantizar sus derechos”.
En el trabajo aparecen datos provenientes de la Defensoría General del Departamento Judicial de Mercedes, que impulsó la actuación interna Nº 242/13, para efectuar el seguimiento de los casos de torturas, apremios y malos tratos que se desprenden de las planillas extendidas en virtud del “Programa Integral de Sistematización de Información”, donde se asientan 52 casos por torturas y/o tratos crueles a jóvenes, informados en el período comprendido entre marzo de 2012 y diciembre de 2015, ocurridos en Luján (33 casos), Chivilcoy (11 casos) y Marcos Paz (8 casos). Para el período comprendido entre enero y agosto del año pasado, se han informado cinco situaciones por hechos ocurridos en los mismos distritos, cuyas víctimas son jóvenes menores de dieciocho años de edad.
En el último punto de las conclusiones, los autores del informe consideran “imperioso, crítico y acuciante proveer los mecanismos institucionales necesarios a fin de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, contrarrestar las prácticas de órganos policiales que conculcan sus derechos y garantías, y afianzar debidamente los dispositivos de intervención previstos en el Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño organizado por las Leyes 13298 y 13634”.
NÚMEROS
En octubre de 2016, el Comité contra la Tortura y del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, junto al juez Marcelo Giacoia y funcionarios de la Defensoría General del Departamento Judicial de Mercedes, realizaron inspecciones a comisarías, subcomisarias y puestos de vigilancia de Luján, Chivilcoy y Marcos Paz.
En esas instancias se procedió a efectuar entrevistas con autoridades policiales, relevar los libros de guardia, detenidos y todo otro registro de interés. Además, se analizaron los asientos que figuran en el “libro de detenidos menores” entre el 1 de enero de 2015 y el 20 de octubre de 2016. Se puso especial atención a las inscripciones llevadas a cabo a partir del 29 de abril del año pasado, cuando se dictó el hábeas corpus.
En el caso de Luján, el último de los materiales mencionados arrojó un total de 173 detenciones de niños y jóvenes. Si el análisis se centra únicamente desde la fecha de la acción dispuesta por Giacoia hasta octubre último, se contabilizan 51 casos. Se consigna que en la mayoría de las situaciones “se omite el motivo de la detención”. Los números permiten advertir que en siete oportunidades, las aprehensiones se justificaron bajo figuras prohibidas por la resolución del juez: “averiguación de ilícito”, “entrega de menor” y “averiguación de identidad”.
En el caso de Chivilcoy, fueron registradas un total de 74 detenciones desde el dictado del hábeas corpus hasta octubre pasado. De ese total, una decena de situaciones buscaron justificarse mediante figuras prohibidas por la resolución judicial como causales de limitaciones a la libertad ambulatoria de las personas. En Marcos Paz, el panorama fue similar. A esto deben sumarse importantes discordancias estadísticas entre “los registros sobre detenciones por averiguación de identidad que lleva cada una de las dependencias policiales si se confrontan con la información que suministró la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires”.
Puntos salientes
- El relevamiento efectuado por la Comisión Provincial por la Memoria muestra que continúan las detenciones ilegales de menores sin conflicto con la ley penal, pese a la vigencia de la medida judicial dispuesta por el juez Marcelo Giacoia que abarca Luján, Chivilcoy y Marcos Paz.
- En los registros de las comisarías se repiten causales tales como “averiguación de antecedentes” o “averiguación de identidad” para justificar la demora de niños y adolescentes, algo prohibido por la legislación vigente.
- La CPM plantea que los registros policiales donde se asientan estas detenciones presentan tachaduras, omisiones y discordancias de distinta naturaleza.
- A su vez, los datos estadísticos de las comisarías no concuerdan con los números que figuran en otras dependencias públicas, como por ejemplo la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Luján Primera
Como parte de la inspección realizada a Luján Primera en octubre del año pasado, el informe elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria expone el estado edilicio de la principal dependencia policial del distrito: “Ambas celdas son de aproximadamente 4 por 4 metros. En la celda 1 son 10 personas y 8 colchones, y en la celda 2, son 9 personas y menos colchones que la cantidad indicada, con lo cual algunos de ellos deben dormir en el piso con mantas. Los colchones son extremadamente finitos, están rotos y sucios. Los camastros están pegados a la pared, alrededor de la celda. No hay iluminación natural, no entra aire por ninguna parte, sólo tienen en el techo aberturas con vidrios, de un tamaño muy pequeño, que no permite que ingrese luz. Cuando llueve sí ingresa agua por allí y quienes duermen en el piso se mojan”.
Se agrega que las conexiones eléctricas son “extremadamente inseguras”, con cables que cuelgan en las paredes. Se describe, además, que “el baño está dentro de la celda pero lo separa una pared y una cortina hace de puerta, allí hay una letrina y una pileta. El lugar se encuentra oscuro, sucio y con humedad. No tiene posibilidad de ventilación”.
En referencia a las personas que se encontraban detenidas durante la inspección, se indica que “no se les entrega ningún tipo de elemento de higiene de uso personal ni para limpieza del sector, pues los elementos que tienen son provistos por los familiares”.
“No los sacan a duchar, deben bañarse en la celda. El acceso a la salud es nulo, no tienen ningún tipo de control al ingresar a la Comisaría. Los detenidos refieren problemas de salud sin ningún tipo de atención especialmente en la celda 2. Allí uno de ellos relata necesitar medicación psiquiátrica por fobia, pánico y depresión, tenía que insistir para que se la entreguen. Asimismo, otro joven tenía artritis sética, estaba extremadamente dolorido, no le daban ibuprofeno al menos para calmar el dolor, y dormía en el piso sin colchón”.