Mediación para resolver el desalojo de El Ombú

El Municipio y las familias que ocupan terrenos en el barrio El Ombú de Pueblo Nuevo acudirán a la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos (ORAC) para encontrar una salida a la denuncia por usurpación iniciada por la Comuna en 2014.

El Municipio y las familias que ocupan terrenos en el barrio El Ombú de Pueblo Nuevo acudirán a la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos (ORAC) para encontrar una salida a la denuncia por usurpación iniciada por la Comuna en 2014. La medida fue dictada por la Fiscalía Descentralizada de Luján, luego de que la semana pasada los vecinos se negaran a declarar en la citación a indagatoria.   

El caso se remonta a principios de marzo de 2014, cuando diez familias de la zona ocuparon un terreno fiscal ubicado entre las calles Río Luján, Beláustegui y Padre Varela, donde se instalaron de forma precaria erigiendo sus viviendas con los materiales que tenían a mano: chapas, lonas y maderas. Se trata de un predio de unos 4.000 metros cuadrados que quedó sin edificar en el marco de un plan de viviendas financiado por el gobierno provincial en 1995.

Apenas producida la ocupación la Comuna realizó una denuncia y en junio de ese mismo año la Justicia emitió una orden de desalojo. Ante esta situación, y acompañados por militantes del Movimiento de Trabajadores Comunitarios (MTC), los vecinos mantuvieron una serie de reuniones con funcionarios y legisladores para evitar la ejecución de la medida y alcanzar una solución que les permitiera ejercer su derecho a la vivienda.

Luego de considerar varias alternativas, se decidió dejar en suspenso la orden de desalojo hasta tanto se encontrara una solución satisfactoria para las familias. La causa estuvo inactiva hasta octubre del año pasado, cuando la Comuna realizó una propuesta: entregar a las cinco familias que todavía habitan en el predio un subsidio por tres meses para que puedan afrontar el alquiler transitorio de una nueva vivienda. Los vecinos la rechazaron y se puso fecha para una nueva orden de desalojo, pero una vez más fue postergada.   

En este marco, la semana pasada los vecinos debieron acudir a una declaración indagatoria en la sede de la Fiscalía Descentralizada. “Nos llegó la citación y el abogado nos aconsejó que no declaremos. El fiscal entendió que no somos delincuentes, sino que somos personas sin recursos que tienen su única vivienda y por eso nos mandó a la ORAC”, explicaron. “Nosotros pedimos que se implemente el proyecto de Banco de Tierras que se aprobó hace más de dos años para que estas tierras se puedan entregar a familias necesitadas”, completaron.

Por su parte, desde la Comuna señalaron que “cada vez que nosotros forzamos desalojo no lo pudimos hacer, por este motivo el intendente asumió el compromiso de afrontar los costos de un alquiler temporal a través de un subsidio. Pero cuando convocamos a los vecinos no se presentaron”.

“Esas casas se tienen que demoler porque ese predio es para construir viviendas sociales y hasta no tenerlos disponibles no bajan los fondo. De acuerdo al informe socioambiental, ellos están en condiciones de afrontar un alquiler”, completaron, en tanto destacaron que “el delito de usurpación está, veremos ahora como se soluciona la desocupación”. 

“El Municipio no puede permitir una usurpación. Hay muchas personas que están en las mismas condiciones que las de ellos y sin embargo no usurpan. El Municipio está avanzando con la construcción de viviendas sociales para las familias de inundados y para las que viven en la traza de la Autopista 5, pero para todos todavía no se puede”, concluyeron.

La fecha de la mediación se conocerá una vez que el expediente de la causa sea remitido a la Fiscalía General de Mercedes.