Expedientes contra la coartada oficial

 El 30 de noviembre del año pasado, el gobierno municipal emitió el segundo comunicado referido a la instalación de la central termoeléctrica. Para entonces, el tema se había tratado dos veces en el Concejo Deliberante, todo en el transcurso de un mes. En la primera para otorgarle al predio la rezonificación que necesitaba Araucaria Energy (un requisito en el camino de lograr el Certificado de Aptitud Ambiental y, posteriormente, la habilitación municipal). La segunda, para dejar sin efecto lo resuelto anteriormente.

Mientras se esperaba de parte del intendente Oscar Luciani la promulgación de la negativa legislativa, el Departamento Ejecutivo comunicó lo siguiente: “Debe destacarse que, a esa altura del trámite, se entendía que la generación de energía eléctrica era, técnicamente, un servicio, no una industria -al no verificarse transformación de materia prima- hasta que el OPDS provincial la categorizó como industria de tercera categoría. Como consecuencia de ello, y de inmediato, el Departamento Ejecutivo dispuso la paralización de las obras, como medida preventiva, disponiendo requerir a dos universidades oficiales que se expidiesen acerca del impacto ambiental y los efectos que podría producir el funcionamiento de la planta termoeléctrica”.

Lo expuesto se aleja de la verdad en dos cuestiones centrales. Una de las afirmaciones falaces es conocida: la categorización de la termoeléctrica llegó a la Municipalidad de manera oficial antes de que el Concejo tratara la cuestión por primera vez. Es decir, que la gestión de Luciani permitió (y promovió) el tratamiento de la ordenanza de rezonificación pese a saber que se trataba de una industria de tercera categoría, prohibidas en Luján desde 2013.

Pero hay otro aspecto de aquel comunicado que la Municipalidad empleó como coartada cuando los vecinos comenzaron a pedir explicaciones. No sólo se utilizó en aquel segundo comunicado, sino que también fue repetida por Luciani en febrero pasado, durante la única entrevista que brindó sobre la termoeléctrica. Cuando se le preguntó por qué su gobierno permitió la construcción de una industria de tercera categoría, Luciani declaró: “Porque cuando se iniciaron los trabajos, se iniciaron como servicio eléctrico, algo que en la zona está permitido. Posteriormente viene la categorización por parte del OPDS que cambia todo lo que se venía trabajando. Ahí está el punto de inflexión, entre la categorización del OPDS y lo que se veía trabajado como servicio eléctrico”.

Pasado en limpio, significa que las autoridades políticas de la Municipalidad manifestaron sentirse “engañadas” por los responsables del proyecto porque fue ingresado al circuito administrativo de la Municipalidad como un servicio y no como una industria. Lo primero estaba permitido según el tipo de uso del predio donde se levanta la termoeléctrica, lo segundo no (de ahí la necesidad de rezonificar a través del Concejo).

Sin embargo, la coartada parece alejada de la verdad, de acuerdo a los datos que pudo recabar EL CIVISMO. Luego de solicitarlo desde noviembre, finalmente este medio pudo acceder a los tres primeros expedientes que se generaron por la termoeléctrica. Todos son de 2016.

Un entrecruzamiento de sus contenidos permite reconstruir, al menos parcialmente, el recorrido inicial del proyecto. La luz verde otorgada por la Municipalidad se concretó entre septiembre y diciembre de ese año, aunque fue hacia mediados de noviembre cuando ambas partes (empresa y gobierno) lograron configurar el encuadre legal que durante meses permitió hacer avanzar la iniciativa. 

Fue un proceso que tuvo actuaciones oficiales incluidas en los documentos pero también reuniones privadas, cuya existencia se infiere a partir de una interpretación capaz de llenar vacíos entre fojas y fojas. Es decir, un combo de actuaciones públicas y acuerdos a puertas cerradas.

¿Qué dicen, en líneas generales, los documentos? Lo principal es que desmontan la coartada oficial, porque en los dos primeros expedientes, la Municipalidad dejó en claro que una central termoeléctrica es una industria. Recién en el tercero se la pasa a considerar un servicio, encuadre sí permitido para la parcela elegida por Araucaria Energy según el uso del suelo definido en el Plan Regulador (vigente hasta que Provincia convalide el COU).

Los expedientes exponen, por otra parte, el rol de la Dirección de Planeamiento, a cargo de Carlos Patetta, como la principal área municipal en el vínculo con Araucaria. Los intercambios de correos electrónicos ponen de manifiesto un trato aceitado (y de cierta confianza) entre el funcionario y los representantes de la empresa. Allí aparecen intercambios de información, envío de documentación y sugerencias (ver “Correos para Carlos”). Araucaria se encargó, además, de marcarle a Patetta las urgencias administrativas que acompañaban el desembarco del proyecto debido a la necesidad de comenzar a funcionar antes del 1º de diciembre del año siguiente, con la chapa de una licitación nacional a su favor y la declaración de la emergencia energética.

Por último, la compilación de información confirma las denuncias de los vecinos sobre la continuación de las obras pese a la suspensión que, vía decreto, dispuso la Municipalidad. Aparecen contrataciones para la ejecución de obras posteriores a la actuación administrativa firmada por Luciani. Nadie contrata una locación de servicio para una obra paralizada.

LAS FECHAS

Araucaria Energy generó el primer expediente municipal el 28 de septiembre de 2016. Llevó por número 6817 y fue catalogado como solicitud de certificado de zonificación. En líneas generales, un certificado de zonificación es un documento que deja constancia la zona en la que se encuentra ubicada una parcela y, por ende, qué usos e indicadores le corresponde. Es el primer paso para promover un proceso de habilitación.

La solicitud fue planteada en una nota firmada por el presidente de la empresa, Jorge Núñez, dirigida en forma conjunta a la Dirección de Planeamiento y a Luciani. Se agregaron descripciones generales del proyecto. La numeración de la parcela y su consiguiente plano dan cuenta de que ese primer pedido estuvo vinculado a otro predio (también sobre la ruta 6, pero más cerca de la intersección con la Ruta 192) y no al lugar donde finalmente fue construida la central.

El 3 de octubre, se expidió el Departamento de Catastro, a través de su titular interina, Ana María Torreta. En un segundo punto, la funcionaria determinó que el sitio “no admite plantas industriales”. Una simple lectura hace inferir que esa dependencia municipal entendía que una termoeléctrica era una industria. Varias semanas después, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Gutiérrez, ratificó lo dispuesto por Catastro.     

El 24 de octubre, siempre de 2016, Araucaria abrió un segundo expediente (7393), también para pedir un certificado de zonificación, pero esta vez sí por el terreno donde finalmente construyó su central termoeléctrica. Con la firma de Núñez, la empresa repitió la nota que comenzó el primer documento generado en la Municipalidad. Como ingresó a la Dirección de Medio Ambiente, esa dependencia giró el expediente a la Dirección de Planeamiento “para su zonificación”. Dos días después, el 26 de octubre, Patetta solicitó la intervención de Catastro para que informara “distrito de emplazamiento, uso del suelo y si la actividad propuesta se encuentra permitida en el lugar”. El 4 de noviembre, Catastro dictaminó en contra del proyecto por no adecuarse la parcela a los usos permitidos. En ese sentido, Torreta informó que el predio integra el distrito AR-ZCC (Área Rural-Zona Club de Campo), donde el uso residencial reviste condición dominante y el industrial condición complementaria”. La jefa interina del Departamento de Catastro agregó que “el distrito no admite plantas industriales”. Ese mismo día, Patetta ratificó lo dispuesto por Torreta. Es decir, la central termoeléctrica, en tanto industria, no podía emplazarse en la intersección de las Rutas 6 y 34, porque la zonificación dispuesta no permitía (ni permite todavía) ese uso. En el expediente se agregan certificados de uso de suelo de otros Municipios donde también se instalarían termoeléctricas, como el caso de San Pedro, que califica el emprendimiento como “planta industrial”.

BUSCARLE LA VUELTA

Pero en pocos días, el criterio de la Municipalidad sobre los alcances de la actividad que Araucaria pretendía concretar se modificó. Antes de que el expediente pasara a su archivo, el director de Planeamiento sumó un escrito con su firma que pareció anticipar los siguientes pasos. Patetta dejó en claro que “dada la importancia de la radicación de esta planta, que aseguraría la provisión de un servicio eléctrico adecuado para la población de nuestro partido (afirmación desmentida posteriormente por la Cooperativa Eléctrica), la Municipalidad de Luján facilitará los trámites legales y administrativos para obtener la habilitación correspondiente”. Lo llamativo es que la nota está fechada el 4 de noviembre de 2016, el mismo día en el que Patetta rubricó el documento donde se dejaba constancia que la parcela no admitía plantas industriales.

El 10 de noviembre, seis días después del dictamen adverso de la Municipalidad aunque atemperado por la predisposición que anticipó el director de Planeamiento, Araucaria inició un tercer expediente (7907) bajo el rótulo de “tratamiento especial para la instalación de planta de generación termoeléctrica-permiso de obra”.

Comienza con una nota del presidente de la empresa dirigida directamente a Luciani. La misiva tiene tono de queja, aunque parece demostrar que la termoeléctrica continuaba encuadrada como industria hasta para sus propios impulsores. Núñez le manifestó a Luciani que “teniendo en cuenta el rechazo del Certificado de Zonificación, quisiéramos hacer una observación de los alrededores de la instalación de la futura planta de generación termoeléctrica”. Menciona entonces que en la imagen se puede observar en detalle que nuestro terreno linda con la subestación transformadora de energía eléctrica Luján II de TRANSBA; además a pocos metros se encuentra instalada la planta CCU, cervecera industrial. Por lo tanto, el rechazo de zonificación cuando pone ‘distrito NO admite plantas industriales da a entender que la zona no es aptar para la industria”. En otras palabras, Núñez dice no entender por qué no se permiten industrias cuando a poca distancia funciona una cervecera.

La primera mención a la termoeléctrica como un servicio figura en un correo electrónico que Araucaria Energy envió a la Dirección de Planeamiento al día siguiente, el 11 de noviembre (el correo integra el expediente 6817). Allí, la empresa dice: “Envío Alcance haciendo referencia al Servicio de Generación de Energía Termoeléctrica. Esperamos que la información brindada sea útil para lograr avanzar con el proyecto. En caso de necesitar corregir algo, pido que nos remarquen lo necesario y poder hacerles llegar una copia física de la nota”. Un enfoque semántico del mensaje permite considerar que la nueva figura (“servicio”) ya era conocida por los funcionarios de Planeamiento, probablemente en reuniones privadas, por lo cual la empresa no consideró necesario agregar mayores detalles ni explicaciones sobre el término. El 15 de noviembre Núñez envió otra nota a Luciani, cuyo encabezado da cuenta del nuevo encuadre: “Araucaria Energy S.A. Servicio de Generación de Energía Termoeléctrica”. El escrito figura en el expediente 6817.

El 27 de noviembre, Patetta volvió a pedir la intervención de Catastro, “visto la presentación realizada por la firma Araucaria Energy para el tratamiento especial para la instalación de planta de generación termoeléctrica, pasar las presentes al Departamento de Catastro a fin de informar”. Y el 2 de diciembre, se produjo el milagro administrativo. La misma parcela que la Municipalidad había rechazado el 4 de noviembre, un mes después Catastro modificó el encuadre y dio luz verde a la futura termoeléctrica. Torreta se pronunció entonces sobre la “prestación de servicios de generación de energía eléctrica”. Reiteró que el uso residencial del distrito “reviste condición dominante y el industrial, condición complementaria”. Sin embargo, “admite servicios industriales-reparación a desarrollar en superficies menores a 500 metros cuadrados”. Por lo tanto, “a nuestro entender la actividad solicitada encuadraría dentro de dicho rubro”. El mismo día, Patetta reiteró que “el distrito admite servicios industriales-reparación, dentro de los cuales encuadra la prestación de servicios de generación de energía eléctrica”.

Al cambio de posición de la Municipalidad respecto del tipo de actividad propuesta que se definió en noviembre de 2016, se suman rumores que circularon en el ámbito municipal un año después, es decir, cuando el tema abandonó las oficinas y se hizo público. Según esos rumores, existieron tensiones internas por el cambio de criterio. En Medio Ambiente, por ejemplo, nunca dejó de considerarse a la termoeléctrica como una industria, pese a órdenes superiores que torcieron la balanza a favor del rubro “servicios industriales”.

De todas formas, meses después, el OPDS catalogó a la central termoeléctrica como empresa de tercera categoría y terminó por obligar un cambio de zonificación que todavía aguarda la definición del Concejo Deliberante.

¿Qué consecuencias tuvo el cambio de encuadre decidido a fines de 2016? El propio intendente Luciani lo explicó en una nota que dirigió al Defensor del Pueblo bonaerense, durante un pedido de informe que el organismos autárquico formuló a la Municipalidad: “La empresa Araucaria Energy solicitó inicialmente a esta Municipalidad la obra como servicio eléctrico. Dicha petición originaria mereció un enfoque diferentes por parte del OPDS, organismos que encuadró la actividad como industria de tercera categoría, con fecha mayo 2017, dictando el acto administrativo el citado organismo, el pasado 1 de noviembre de 2017. Se destaca que durante dicho lapso se produjo un significativo avance de la obra”.