Sobre el cierre del último día hábil antes del fin de semana extra largo, el gobierno inició lo que intenta ser la arremetida final: presentó el pedido de rezonificación en el Concejo. Funcionarios abroquelados detrás del jefe comunal.
El Departamento Ejecutivo formalizó lo que se sabía desde hace varias semanas: presentó al Concejo Deliberante el proyecto para que se vuelva a rezonificar a favor de la central termoeléctrica que la Municipalidad dejó construir durante un año a partir de un encuadre falaz acordado entre funcionarios y empresarios, luego corregido por Provincia, lo que motivó la primera intervención del cuerpo deliberativo en noviembre último. Hacia fines de 2016 la gestión local permitió el avance de la obra a pesar de estar ubicada en un lugar que no admite la instalación de industrias (en este caso, además, la central es Categoría 3, prohibidas en Luján desde 2013). Ahora, necesita que el bloque de Cambiemos aporte sus 10 votos (y el desempate del presidente Fernando Casset en caso de paridad) para encuadrar legalmente lo ya construido.
La presentación llegó sobre el cierre del último día hábil antes del feriado extra largo, mediante una nota firmada por Luciani y el secretario de Obras Públicas, Marcelo Gutiérrez, dirigida al presidente de la Comisión de Legislación, José Días Alfieri. Cada dictamen que opera como fundamento del cambio de zonificación a favor de la empresa Araucaria Energy muestra el compromiso asumido por diferentes funcionarios municipales. Desde distintas áreas, y en algunos casos bajo argumentos confusos y/o cuestionables, se dictamina dando luz verde al proyecto. Los funcionarios de Luciani, además, atacan una ordenanza que en 2013 fue festejada y publicitada por el actual intendente porque implicaba evitar nuevas experiencias traumáticas como fue Curtarsa. La nueva interpretación atada al caso de la termoeléctrica cuestiona aquella ordenanza.
En el expediente se incluyen las opiniones de tres universidades públicas, que se dedicaron a analizar la información ambiental suministrada por la empresa. La UNLu, por decisión de su Consejo Superior, decidió no participar en esos términos del pedido que formuló la Municipalidad. Propuso, en cambio, encarar un estudio ambiental integral y propio, algo que no fue respondido por el Departamento Ejecutivo. En términos generales, las otras casas de altos estudios expresan una opinión favorable, aunque en varios tramos de sus informes utilizan el potencial cuando expresan que determinado aspecto de funcionamiento no “generaría” daño ambiental.
Ante eso, el director de Medio Ambiente de la Municipalidad, Héctor Corino Griffini; y el secretario de Producción, Miguel Paulón, expresaron: “Cada una de las universidades concluye que, si bien se requieren exhaustivos monitoreos (requerimientos normales para este tipo de proyectos), el desarrollo de la Central Termoeléctrica Luján II cumple con todas las exigencias de las leyes y normativas de los distintos organismos provinciales y nacionales de aplicación, considerándose un proyecto viable”.
Agregan que “se le requerirá a la empresa un plan de monitoreo previo a la operación, y un monitoreo en línea durante su operación y considerando que el área circundante ya se encuentra directamente afectada a otros proyectos de magnitudes similares y no se ha tenido registro de alteraciones socioambientales desde el aspecto técnico y funcional el proyecto se encuentra en orden (sic)”. De todas formas, aunque prometen monitoreos previos y posteriores, por tratarse de una empresa de Categoría 3, el control en materia ambiental recae en la Provincia.
Luego interviene Ubertino Rosso, desde la Secretaría Legal y Técnica. En su dictamen amontona abundante jurisprudencia para demostrar que en materia de energía eléctrica, la jurisdicción es nacional. Nada se indica respecto al rol que tienen los municipios al momento de habilitar una industria, más allá del rubro al que pertenece.
El último de los documentos es el proyecto de ordenanza, que lleva la firma de Gutiérrez. Allí se plantea recuperar la norma sobre cambio de zonificación que el Concejo aprobó a comienzos de noviembre, posteriormente derogada.