Lo decidió la Fiscalía General. Los damnificados piden ampliarla a asociación ilícita. En total, se comercializaron 140 terrenos, aunque la urbanización nunca se llevó adelante.
La Fiscalía General decidió desarchivar el pasado 9 de mayo la causa de la Investigación Penal Preparatoria contra la firma Badino por una denuncia de estafa en un desarrollo inmobiliario denominado San Ignacio, que nunca se llegó a concretar, a pesar de comercializarse cerca de 140 lotes.
La denuncia tomó estado público en noviembre del 2021 cuando los vecinos damnificados por la compra de los terrenos marcharon a la Fiscalía para reclamar mayor celeridad en la causa penal contra Badino, responsable de un proyecto que comenzó a comercializarse en 2011 detrás del barrio San Pedro. Pese a completar el pago de las cuotas hace años, esperan no solo que les entreguen los terrenos sino también que se realice la urbanización.
La maniobra, calificada de fraudulenta por los afectados, implica a decenas de vecinos, compradores de buena fe. En su momento el Plan Regulador no permitía una urbanización en esa zona, pese a lo cual la firma inició la venta de las unidades. La promesa a los vecinos era que se iba a aprobar una excepción en el Concejo Deliberante para avanzar con el desarrollo, aunque luego el nuevo Código de Ordenamiento Urbano finalmente habilitó el loteo. A pesar de todo, los trabajos como apertura de calles, servicios básicos y subdivisión de los terrenos nunca comenzaron.
La Fiscalía 9 de nuestra ciudad había mandado la causa al archivo al considerar que el delito estaba prescripto por haberse cometido hace más de 6 años de la acción penal en un caso de estafa. En otros de los casos, se planteó la “inexistencia de elementos suficientes como para llevar adelante la investigación” y “que el conflicto presentado descansa en una plataforma estrictamente contractual”. Sin embargo, la Fiscalía General ahora ordenó la reapertura de la causa “al menos para certificar la inexistencia de una causal de interrupción de la prescripción alegada”.
Alejandro Fioretti, uno de los vecinos damnificados, argumentó que “la estafa es del 2019 -cuando se habilita el loteo a partir del nuevo COU-, que es cuando se consume porque ahí nos enteramos que no tenía la plata. Hasta ese día, había un incumplimiento de contrato. Pero si incumpliste el contrato y no tenés la plata, son las dos cosas”.
En la presentación para desarchivar la causa, los abogados de los damnificados piden ampliar la investigación a una “asociación ilícita”, al tiempo que incluyen en esta maniobra a una abogada y una martillera pública. Por el momento, la causa no tiene ningún imputado porque nunca se los indagó. Por eso, solo figuran como denunciados.
Según planteó, tienen corroborados que, “con papeles y pagos al 100 por ciento, son 140 terrenos. Calculamos que son unas 100 familias porque varias compraron dos lotes. Quizás aparezca más gente”. Todos los contratos están en pesos, aunque si se analiza la evolución de la cotización del dólar, cada terreno tuvo -en promedio- un valor de 10.000 dólares a la venta en pozo.
Por otra parte, en estos últimos meses, se cortaron los contactos entre los compradores y el desarrollador. “Hubo algunos contactos del abogado para llegar a un acuerdo, pero no hubo acercamiento por parte de él para buscarle una solución. Fue por iniciativa nuestra por medio del abogado para ver cómo se podía llegar a solucionar. Pero del otro lado no hubo respuesta, es más, cortó el diálogo, por eso se terminó en este punto”, explicó Fioretti.