La Secretaría de Industria y Comercio notificó a 95 empresas por haber incluido en las facturas cargos ajenos al contrato. Desde la empresa social consideraron que no se viola ninguna de las normas de protección de los usuarios.
La Cooperativa Eléctrica de Luján ha sido “imputada” por la Secretaría de Industria y Comercio de Nación junto a otras 94 empresas por haber incluido en las facturas tasas o cargos ajenos al contrato entre el proveedor y el consumidor. En la misma situación se encuentra la empresa Naturgy, proveedora de gas natural en nuestro distrito.
Según anunciaron esta semana las autoridades, se abrieron 244 expedientes vinculados a las imputaciones, uno por cada localidad donde las empresas incumplieron la norma.
En ese listado publicado por el gobierno nacional se encuentra la Cooperativa Eléctrica de nuestra ciudad, a la que se le abrió un expediente por incluir la Tasa de Alumbrado Público adosada al pago del servicio. En tanto, en un cupón aparte la CESPLL también cobra la tasa de Bomberos Voluntarios, el Fondo de Seguridad Ciudadana, el servicio funerario e internet.
En el caso del gas, el perjuicio sería aún mayor para el Estado Municipal comandado por Leonardo Boto ya que deberían desacoplarse dos tasas: la denominada TOEP, cuya ordenanza es la 7837; y la sancionada hace pocos meses dentro de la nueva ordenanza fiscal que generó un amplio rechazo por parte de la oposición en el Concejo Deliberante en concepto de Vigilancia, Inspección y Desarrollo de emprendimientos para la provisión del servicio público de gas por redes.
Según anunciaron desde la gestión nacional encabezada por Javier Milei, las actuaciones corresponden a facturas con vencimiento posterior al 11 de octubre, cuando entró en vigencia la resolución 267/2024, que determinó la prohibición de incluir en las facturas conceptos indebidos, según precisó la dependencia en un comunicado de prensa.
La autoridad de aplicación continuará con la instrucción de sumarios para los próximos vencimientos de noviembre y diciembre.
Se imputaron empresas de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
A partir de recibir la notificación, las empresas tendrán cinco días hábiles para hacer su descargo. Cumplido ese plazo la Secretaría de Industria y Comercio sancionará a las empresas que no cumplieron la norma, de acuerdo a lo previsto por la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, que en su artículo 47, inciso b, contempla multas de hasta $2.130 millones.
LA POSTURA DE LA COOPERATIVA
Desde la empresa social de nuestra ciudad confirmaron a EL CIVISMO que la notificación llegó el pasado jueves “de la imputación de la Dirección Nacional de Protección al Consumidor del Ministerio de Economía de Nación por presunta infracción al art. 1 de la Resolución 267/2024 de la Secretaria de Industria y Comercio de la Nación, al igual que otras distribuidoras de la provincia de Buenos Aires”.
“Estamos trabajando conjuntamente con las Federaciones de Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires en los términos del descargo”, sostuvieron ante la consulta de este medio.
Sin embargo, adelantaron que la postura es continuar con el cobro de las tasas hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
“Atento ello, y dado que en nuestro caso las leyes que nos rigen son de la Provincia de Buenos Aires (Ley 11.769 marco regulatorio eléctrico y la N° 10740 en lo referente a la Tasa de Alumbrado Público), la facturación de energía de esta Cooperativa no contiene rubros ajenos al servicio eléctrico, es decir, consideramos que no ha habido violación alguna a las normas de protección de los usuarios prevista en la ley 24240 en razón de que los conceptos existentes en nuestra facturación resultan propios a la prestación del servicio eléctrico y están expresamente establecidos por las referidas leyes provinciales”, expresaron desde el Consejo de Administración.
Por eso, explicaron “que, hasta tanto las autoridades provinciales competentes no modifiquen el régimen regulatorio, se mantiene vigente nuestra obligación como distribuidora de ajustarse al mismo”.
En esa línea, tras el pedido de EL CIVISMO, sintetizaron que “estamos regulados por la Provincia y el ente OCEBA que nos audita permanentemente. La provincia es la que dispone todas las normativas. Hasta que no haya otra norma, las actuales son las que nos dictan a nosotros”.