El gobierno dejó trascender ejes de un proyecto que busca desregular la educación, habilitar el "homeschooling" y reintroducir la enseñanza religiosa.
Durante las últimas semanas, distintos sectores afines al gobierno de Javier Milei dejaron trascender la intención del Ejecutivo nacional de avanzar con una reforma educativa que pone en discusión —y en riesgo— consensos ciudadanos que se remontan incluso a fines del siglo XIX.
En un contexto de brutal ajuste sobre un sistema que logró la aprobación parlamentaria de la Ley de Financiamiento Educativo (pero fue vetada por el Ejecutivo) y que el gobierno continúa sin acatar —mientras la Justicia se mantiene al margen—, los nuevos lineamientos difundidos generan creciente preocupación dentro de la comunidad académica.
La aparición del documento sigue un patrón conocido en la estrategia comunicacional del gobierno: se oculta el proyecto formal, pero se filtran a los medios ciertos ejes o definiciones que permiten anticipar su orientación general, sin habilitar un debate amplio, transparente y fundamentado sobre cada aspecto en disputa.
Entre los puntos centrales aparece la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de la escolarización en instituciones para abrir paso a otras formas de aprendizaje, como la educación en el hogar (homeschooling), una propuesta inspirada en sectores conservadores de Estados Unidos. Su implementación trasladaría la responsabilidad educativa a las familias y habilitaría a empresas privadas a ofrecer servicios de educación virtual. En este esquema, niños y adolescentes podrían no salir de sus hogares, desdibujando —o directamente rompiendo— su vínculo con la escuela como espacio social, cultural y comunitario.
Bajo el paraguas discursivo de ampliar la “libertad” individual —mientras la noción de ciudadanía como construcción colectiva se diluye en la narrativa libertaria—, el proyecto también propone otorgar mayor autonomía a las instituciones educativas para definir sus propios diseños curriculares según sus preferencias ideológicas o religiosas.
En esa línea, se buscaría habilitar y promover la enseñanza religiosa confesional por fuera del horario escolar en las escuelas públicas, lo que implicaría un retroceso histórico respecto del principio de educación pública y laica consagrado con la Ley 1.420 de 1884 durante la presidencia de Julio A. Roca.
Otro elemento que circuló desde los usinas libertarias es la creación de un “Consejo Escolar de Padres” en escuelas públicas con facultades directas de control disciplinar y gestión institucional. Aunque aún sin detalles, el espíritu del planteo apunta a habilitar la intervención familiar incluso en la selección o remoción de docentes y directivos.
La presentación de estos lineamientos generales no contradice la concepción libertaria sobre cómo debe estructurarse una sociedad cada vez más disgregada y atomizada. Por el contrario, la profundiza: la educación deja de ser un derecho garantizado por el Estado y pasa a concebirse como un “servicio” más, pasible de ser mercantilizado y desregulado hasta que sea el mercado quien defina su destino.