La media sanción en el Senado reabre un debate histórico: si el problema del empleo se resuelve modificando leyes laborales o reactivando la economía real.
La iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei para reformar las condiciones laborales, con el supuesto objetivo de resolver las dificultades que presenta la economía para generar empleo, superó el jueves pasado su primera etapa: el Senado le otorgó media sanción.
Como ya ocurrió en otras oportunidades, se trató de una reforma elaborada en ámbitos reducidos, lejos de la discusión pública, pensada principalmente para las grandes empresas y con un notorio déficit práctico para las Pymes. Mucho más aún para los trabajadores, que quedarán más expuestos a la discrecionalidad del empleador bajo el eufemismo de “nuevos acuerdos entre las partes”.
El texto que se discutía en el recinto seguía siendo negociado durante la propia sesión, de modo que varios legisladores adherían u objetaban sin conocer con precisión la versión definitiva. Debatir de manera transparente y honesta las ideas que propone el oficialismo se vuelve una tarea compleja cuando los proyectos se presentan de forma fragmentada, se maquillan o se mantienen en penumbras, alimentando la sospecha de que lo sustancial permanece oculto.
Esta lógica no es nueva. Responde a una estrategia que el actual ministro de Transformación, Federico Sturzenegger, describió años atrás en una exposición en Estados Unidos, cuando integraba el gobierno de Mauricio Macri: confundir y abrumar para luego negociar en condiciones más favorables.
El Gobierno deberá ser prudente al insistir con la hipótesis de que los problemas laborales se resuelven exclusivamente mediante leyes que flexibilizan la relación entre empleadores y trabajadores y debilitan el sistema de protección social. En este terreno, el tiempo puede jugarle en contra.
Discutir las nuevas realidades del trabajo, con toda su complejidad, es hoy una obligación ineludible. Los datos son elocuentes: el empleo registrado no crece desde hace más de 15 años.
Sin embargo, el enfoque elegido para encarar estas reformas encierra una paradoja. Si la economía no recupera dinamismo, si los salarios continúan funcionando como variable de ajuste y si el entramado productivo sigue debilitándose, la crisis del empleo se profundizará, como ya ocurrió en los últimos dos años, en los que se perdieron cerca de 250.000 puestos de trabajo.
El oficialismo mostró una capacidad de negociación política que hasta hace poco parecía ausente. Acordó con gobernadores y consiguió los votos necesarios para avanzar. Pero los efectos de esta eventual ley —aún pendiente de tratamiento en Diputados— podrían ser leídos como negativos si, en esta nueva etapa de gestión, la tasa de ocupación formal continúa en retroceso.