Marcia Giovanetone, detenida en reiteradas ocasiones, envió una carta documento en la que exige eliminar notas periodísticas. Este medio sostiene la veracidad de los hechos publicados y el derecho de la comunidad a estar informado.
Una mujer detenida en numerosas ocasiones como consecuencia de procedimientos por venta de estupefacientes llevados a cabo en su domicilio de calle Darwin 2350 envió una carta documento a EL CIVISMO en la que reclama el retiro de publicaciones periodísticas que la mencionan como responsable de un punto de venta de drogas.
Se trata de Marcia Giovanetone, conocida en el ámbito policial y judicial como “La Marcia”, quien cuestionó dos artículos publicados por este medio los días 22 de julio y 23 de diciembre de 2025, y los calificó como “expresiones calumniosas” que -según sostiene- afectan su honor, su buen nombre y su derecho a la intimidad.
En la misiva, Giovanetone expresa: “Me dirijo a usted a raíz de las expresiones calumniosas que se han vertido con fecha 22/07/2025 y en fecha 23/12/2025 en el siguiente medio periodístico: ‘El Civismo’, en que manifiesta lo siguiente: ‘Volvieron a detener a “La Marcia” por vender cocaína’. ‘Los había adquirido en un punto de venta de droga sobradamente conocido en el barrio, regenteado por una mujer apodada “La Marcia” y su pareja “El Rubio”’”.
Más adelante, la mujer sostiene que estas “manifestaciones contienen agraviantes imputaciones contra mi persona, consistentes en adjudicaciones absolutamente maliciosas, falsas e infundadas”, y agrega que esas publicaciones le generan “un grave daño a mi buen nombre y honor”, vulnerando -según su interpretación- el artículo 1770 del Código Civil y Comercial de la Nación. Incluso va más allá y advierte que el accionar del medio podría encuadrar en el delito previsto en el artículo 109 del Código Penal, al que define como “la falsedad absoluta del delito que se me acusa, susceptible de ser perseguido a una querella criminal”.
En ese marco, intima a EL CIVISMO a “cesar y retirar, o hacer retirar en el plazo perentorio de 48 hs, la publicación y/o distribución” de las notas cuestionadas.
Sin embargo, las notas mencionadas se apoyan en información obtenida de fuentes policiales y gubernamentales, y refieren a hechos concretos, documentados y de interés público como de máxima preocupación de la comunidad. El 22 de julio de 2025, este medio (al igual que otros) informó: “Volvieron a detener a ‘La Marcia’ por vender cocaína”.
En esa oportunidad, se detalló que la Policía allanó por segunda vez en el año el denominado “búnker” de barrio Ameghino y arrestó por quinta ocasión a la mujer que lo regentea, incautando unas 200 dosis de drogas y aproximadamente un millón de pesos.
El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mercedes, con colaboración de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Luján y efectivos de la Departamental Luján. La investigación fue supervisada por la Unidad Fiscal Especializada en Estupefacientes del Departamento Judicial de Mercedes, en conjunto con la Fiscalía 10 de esta ciudad, e incluyó seguimientos, filmaciones, fotografías y la identificación de compradores y vendedores.
La segunda publicación, fechada el 23 de diciembre, relató un episodio que derivó en un escándalo interno en la fuerza policial. Durante un operativo del Comando Patrulla, se interceptó un vehículo que trabajaba para una aplicación de viajes. En su interior viajaba un policía recientemente incorporado a la Comisaría Luján Primera y otro pasajero que debía estar detenido. Al ser identificados, se constató que el efectivo llevaba estupefacientes que acababa de comprar. “No en cualquier lado. Los había adquirido en un punto de venta de droga sobradamente conocido en el barrio, regenteado por una mujer apodada ‘La Marcia’ y su pareja, ‘El Rubio’”.
Desde el punto de vista jurídico, el planteo de Giovanetone presenta serias debilidades. La jurisprudencia es clara al sostener que no existe calumnia cuando la información publicada es veraz, se apoya en fuentes oficiales y refiere a hechos de interés público, como lo son los procedimientos policiales y judiciales vinculados al narcotráfico.
Asimismo, la doctrina y los fallos de la Corte Suprema han sido consistentes en priorizar la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada, especialmente cuando se trata de delitos complejos que afectan a la comunidad.
El artículo 1770 del Código Civil y Comercial, citado en la carta documento, no ampara la censura previa ni el silenciamiento de hechos reales, y el artículo 109 del Código Penal exige la falsedad del delito imputado, algo que difícilmente pueda sostenerse frente a reiteradas detenciones, allanamientos y actuaciones judiciales documentadas.
El embate de Marcia Giovanetone contra este medio se produce, además, a pocas semanas de la muerte de un joven en el Acceso Oeste, cuya causa está siendo investigada y, según versiones de vecinos, venía escapando de tres jóvenes que querían asaltarlo tras haber comprado estupefacientes en un punto de droga del barrio Ameghino.
A partir de ese hecho, una vez más su nombre volvió a circular con fuerza en redes sociales, junto con otros vinculados a la venta de drogas, muchos de ellos conocidos públicamente por haber sido objeto de procedimientos policiales y otros que no develados aún en los medios de comunicación.
En ese contexto, el reclamo no solo aparece descontextualizado, sino que pone nuevamente en tensión el rol del periodismo frente a intentos de amedrentamiento legal que, lejos de desmentir los hechos, reafirman la necesidad de seguir informando sobre una problemática que golpea de lleno a los barrios y a la seguridad de la comunidad.