El encuentro se realizó en Escobar. El tema principal fue reactivar la discusión sobre la creación de la Policía Municipal y la necesidad de contar con una ley que respalde su funcionamiento.
La inseguridad empuja a los municipios a tomar un camino que hasta hace pocos años parecía imposible: crear sus propias fuerzas de seguridad. En ese escenario, el intendente de Leonardo Boto participó la semana pasada en Escobar de una reunión encabezada por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, junto a un grupo de jefes comunales que impulsan la conformación de policías municipales o comunales en sus distritos.
El encuentro se produjo en la antesala de una reforma integral de la Ley de Seguridad Pública provincial. En el gobierno de Axel Kicillof consideran que la normativa vigente, con más de treinta años de antigüedad, quedó desactualizada frente a una realidad donde los municipios comenzaron a asumir cada vez más responsabilidades en materia de prevención del delito.
La reunión funcionó además como una demostración política de respaldo al proyecto. Participaron intendentes de fuerte peso territorial como Ariel Sujarchuk, Federico Otermín (Lomas de Zamora), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Federico Achával (Pilar) y Gastón Granados (Ezeiza), además del jefe comunal de San Isidro, Ramón Lanús, uno de los referentes opositores que también se sumó al debate.
Aunque todavía no existe un proyecto formal ingresado en la Legislatura bonaerense que regule específicamente estas fuerzas, la Provincia busca institucionalizar un esquema que ya funciona de hecho en varios municipios.
Centros de monitoreo, patrullaje preventivo, cámaras de seguridad, compra de móviles y utilización de armas no letales forman parte de un modelo financiado y ejecutado por las comunas, pero que carece de un respaldo jurídico sólido.
En Luján el proyecto ya comenzó a tomar forma bajo el nombre de Cuerpo de Prevención Comunitaria (CPC). Más de 1.200 personas se anotaron para la preselección de aspirantes, una cifra que refleja no solamente la preocupación por la inseguridad sino también la crisis laboral que atraviesa amplios sectores sociales.
La situación se repite en otros municipios. En Escobar, considerado el modelo que observan distritos como Hurlingham, Avellaneda y Ezeiza, para cubrir apenas 100 vacantes se presentaron más de 3.000 postulantes.
El dato expone una realidad compleja: muchos aspirantes no llegan por vocación policial sino por necesidad económica. Ingresar al municipio implica acceder a un salario estable, obra social y cierta seguridad laboral en medio de un contexto económico recesivo.
Sin embargo, los procesos de selección revelan otro problema profundo y silencioso. Gran parte de los postulantes queda descartada por exceso de masa corporal, problemas físicos asociados a mala alimentación durante la infancia, dificultades cognitivas o limitaciones para afrontar la formación requerida.
La capacitación incluye desde acondicionamiento físico y artes marciales hasta nociones básicas de derecho y protocolos de intervención. También aparecen perfiles diferentes: policías y ex policías de la Bonaerense que buscan incorporarse a estas nuevas estructuras municipales atraídos por mejores condiciones salariales y laborales, tal como lo describió el periodista Daniel Bilota en el programa Odisea Argentina.
La discusión sobre estas fuerzas abre además un debate sensible dentro del sistema de seguridad provincial. Los nuevos cuerpos municipales contarían con escopetas con postas de goma y armas no letales Byrna, dispositivos que funcionan con gas comprimido y que, dependiendo del uso, pueden provocar lesiones graves e incluso la muerte.
El antecedente más cercano fueron las Policías Locales impulsadas durante la gestión de Daniel Scioli, con Alejandro Granados al frente del Ministerio de Seguridad.
Aquella experiencia estuvo marcada por fuertes críticas vinculadas a la falta de capacitación, equipamiento deficiente y escasa preparación operativa. En la jerga eran llamados despectivamente “los pitufos”, y terminaron siendo absorbidos por la Policía Bonaerense durante la administración de María Eugenia Vidal y el entonces ministro Cristián Ritondo.
Dentro de la propia Bonaerense, muchos efectivos veían a esas policías locales como una degradación de la profesión policial y consideraban que se estaba “equiparando para abajo”.
Ahora el escenario parece diferente, aunque persisten las dudas. El gobernador Kicillof insiste en que cualquier nueva fuerza municipal debe actuar coordinadamente con la Policía Bonaerense.
Pero al mismo tiempo surge un interrogante de fondo: si las policías municipales logran funcionar con eficacia y cercanía territorial, ¿qué lugar ocupará entonces la Bonaerense dentro del esquema de seguridad provincial?
La pregunta no es menor. En el Conurbano, donde la inseguridad se convirtió en una de las principales preocupaciones sociales, los intendentes sienten la presión cotidiana de dar respuestas rápidas. Más aún en un contexto donde pueden combinarse dos factores explosivos hacia fin de año: recesión económica y campaña electoral.
En ese marco, las policías municipales aparecen como una herramienta nacida de la urgencia política, social y territorial. Pero el desafío será evitar que se conviertan nuevamente en fuerzas improvisadas, mal preparadas y atravesadas por problemas estructurales que la Provincia todavía no logró resolver en su principal fuerza de seguridad.