El porcentaje está muy por debajo del límite legal del 15% y también del promedio nacional del 5%. Los datos surgen del Observatorio de Tierras, creado por investigadores de la UBA y el Conicet.
El 2% de la tierra privada del partido de Luján es propiedad de titulares extranjeros, tanto particulares como empresas. El porcentaje se ubica muy por debajo del 15% permitido por la actual Ley de Tierras —que el Gobierno de Javier Milei impulsa reformar— y también resulta inferior al promedio nacional, que ronda el 5%.
El dato surge de un relevamiento elaborado por el Observatorio de Tierras, un espacio que integran investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, y que tomó estado público a partir de un mapa interactivo con la situación de cada municipio del país.
Según ese informe, Luján cuenta con un total de 66.896,70 hectáreas, de las cuales 1.145,09 están en manos de propietarios extranjeros, lo que representa un 2% del territorio del distrito.
Si se compara con partidos vecinos, Luján está muy por debajo. En Exaltación de la Cruz, el 12 por ciento está en manos de extranjeros; en Pilar alcanza el 9 por ciento; General Rodríguez llega al 7 por ciento; y Mercedes al 3 por ciento.
Los datos más llamativos se dan en Campana, donde la mitad de las tierras privadas no están en poder de Argentinos; mientras que en Zárate ese porcentaje llega al 25 por ciento. Esto se explica por el paso del río Paraná de las Palmas.
El mapa fue desarrollado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, ambos becarios del Conicet e integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en articulación con el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA).
Un fenómeno que se agrava a escala local
El relevamiento del observatorio determinó que, a nivel nacional, aproximadamente el 5% del territorio argentino está en manos de firmas o Estados extranjeros. Esa proporción equivale a más de 13 millones de hectáreas, una superficie comparable a la totalidad del territorio de Inglaterra.
Los responsables del estudio remarcan que el verdadero riesgo de la extranjerización se advierte cuando se analiza la información a escala departamental, o cuando se la cruza con la ubicación de cursos de agua, acuíferos o zonas con potencial minero. Según explican, ese cruce de datos es el que permite dimensionar el fenómeno con mayor precisión que las cifras globales del país.
El informe identifica 36 departamentos que ya superan el límite fijado por la normativa vigente. Entre los casos más extremos figuran Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), y Molinos y San Carlos (Salta), donde la extranjerización supera el 50% de la tierra. En todos ellos hay presencia de recursos estratégicos, como agua dulce o yacimientos minerales. También se destacan los casos de Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes) y Campana (Buenos Aires), localidades ubicadas sobre el río Paraná que superan ampliamente el 30%.
El patrón que describen los investigadores es que los cuadros más críticos se concentran en zonas de frontera —tanto en el norte del país como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas vinculadas a la actividad portuaria.
Un nuevo límite en discusión
A pesar que estaba prevista la discusión sobre la compra de tierras por parte de extranjeros, el oficialismo senatorial decidió eliminar ese capítulo de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada
La definición se precipitó minutos antes de las 15, tras una cumbre que concentró a los sectores aliados con la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien volvió a sufrir un nuevo traspié.
La caída del capítulo más polémico de la iniciativa se consumó tras el dominó de bajas que comenzó durante la tarde del lunes.
La determinación se terminó de definir durante la tarde de este miércoles, luego de una reunión entre los bloques aliados y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien venía impulsando modificaciones a la legislación sobre la propiedad de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
Con este cambio, el oficialismo pretende sostener la sesión convocada para las 14 de este jueves, que había quedado pendiente tras el cuarto intermedio dispuesto el mes pasado. La estrategia apunta a evitar que el rechazo al capítulo más controvertido termine complicando el tratamiento del resto de la iniciativa.
La marcha atrás llegó después de que varios senadores que inicialmente aparecían como acompañantes del proyecto comenzaran a expresar dudas e, incluso, adelantaran su rechazo. Ese escenario dejó al Gobierno sin los respaldos necesarios para aprobar la reforma tal como había sido presentada.