Alejandro Carabone envió una carta a EL CIVISMO tras la nota que informó el cierre del establecimiento. Sostiene que el locatario fue notificado con anticipación y que hay un juicio civil en trámite.
Luego de la publicación de EL CIVISMO Digital titulada “El cierre de Kita deja a 60 personas sin trabajo”, el propietario del inmueble donde funciona el establecimiento, Alejandro Carlos Carabone, envió una carta documento a este medio en la que rechaza las manifestaciones de los responsables del boliche y da su versión sobre la no renovación del contrato de locación.
En el texto, Carabone, que se presenta en su carácter de propietario y locador, dice rechazar “expresamente las manifestaciones allí vertidas” por los responsables del local, “por resultar inexactas, distorsionar la realidad de los acontecimientos y afectar injustificadamente mi buena imagen y reputación”.
Por eso, en ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, solicitó la publicación de su postura.
“Una decisión comunicada con antelación”
Según la carta, la decisión de no renovar el contrato fue “comunicada a la locataria con suficiente antelación a su vencimiento, precisamente para permitirle organizar la finalización de su actividad comercial y prever oportunamente la restitución del inmueble”.
Carabone sostiene que no se trató de una medida sorpresiva: “Lejos de tratarse de una decisión intempestiva o sorpresiva, la locataria conocía anticipadamente la voluntad de la parte locadora”.
Agrega que, pese a eso, la locataria “se resistió a restituir el inmueble en tiempo y forma”. Esa situación derivó en acciones judiciales ante el fuero civil del Departamento Judicial Mercedes, que continúan en trámite.
El propietario también calificó como “absolutamente falso” que se hubieran comprometido futuras renovaciones contractuales “como contrapartida de las inversiones o reformas realizadas en el establecimiento”.
En ese sentido, afirmó que “jamás existió acuerdo alguno que condicionara dichas inversiones a una nueva renovación del contrato”. Según su versión, se trató de decisiones propias de la explotación comercial, “asumidas por sus responsables bajo su exclusiva cuenta y riesgo”.
En la misma línea, planteó que si los explotadores de Kita contrajeron obligaciones comerciales, programaron eventos o asumieron compromisos con terceros conociendo el vencimiento del contrato, o incluso después de que venciera, “las consecuencias de tales decisiones corresponden exclusivamente a quienes las adoptaron, sin que resulte legítimo trasladar esa responsabilidad a los propietarios del inmueble”.
Por último, Carabone expresó su “rechazo a toda insinuación tendiente a responsabilizar a la parte locadora por el eventual cierre del establecimiento, la pérdida de puestos de trabajo o los perjuicios derivados de compromisos comerciales asumidos unilateralmente por sus explotadores”.