Así lo expresaron diferentes organizaciones de la cuenca a través de un extenso escrito. Como adelantó este medio, apuntan contra la construcción de un canal y el ensanchamiento de otro.
Semanas atrás, este medio dio a conocer distintos cuestionamientos que rodean a las obras anunciadas por Provincia vinculadas a mitigar inundaciones en el río Luján y el Delta del Paraná. Días atrás, diferentes organizaciones difundieron un escrito donde explicitan las críticas a los primeros trabajos que se encararían en la cuenca.
En el escrito destacan que lo anunciado carece de las correspondientes evaluaciones de impacto ambiental, una herramienta obligatoria establecida por la Ley General del Ambiente cuando se trata de obras que pueden alterar los ecosistemas. Indican que el defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires solicitó información al respecto, pero todavía no ha tenido respuesta. A su vez, “tampoco se ha realizado aún la audiencia pública que establece la legislación vigente, para que la ciudadanía tenga oportunidad de conocer en detalle las obras y opinar acerca de ellas”.
La Red de Vecinos y ONG's de la cuenca del Río Luján expresa que “a fin de mitigar las inundaciones, el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene prevista una serie de obras hidráulicas que surgieron de un estudio elaborado por la Consultora Serman & Asociados, entre los años 2014 y 2015”. Dicho trabajo lleva por nombre “Plan Integral y Proyecto de Obras de Regulación y Saneamiento del río Luján”. Las organizaciones destacan que “hasta el día de la fecha las obras no han sido sometidas al proceso obligatorio de evaluación de impacto ambiental”.
Tal lo adelantado por EL CIVISMO, la primera obra en carpeta se ubicaría en el partido de Campana, mediante la ampliación del Canal Santa María, un curso artificial que conecta al Luján con el río Paraná en una extensión de siete kilómetros. Las organizaciones explican que el recorrido del mencionado canal atraviesa zonas de humedales correspondientes a la Reserva Natural Otamendi (Área Protegida Nacional).
“Según el estudio, ello favorecería la evacuación del agua hacia el río Paraná durante las crecidas. A esto se sumaría otro canal, no contemplado en el estudio, que partiría desde el Canal Santa María y correría paralelo a éste. Los barros extraídos para la obra servirían para rellenar la traza de un camino, a través de la Reserva Natural Otamendi, que permitiría acceder a terrenos privados donde se anuncia un futuro emprendimiento inmobiliario. Éste ha sido seriamente cuestionado, ambiental y jurídicamente, por encontrarse en zona de humedales catalogada como área de amortiguamiento de la Reserva Natural Otamendi. De acuerdo a diversos estudios estos barros están contaminados con diferentes metales pesados, hidrocarburos y otras sustancias vertidas por numerosas industrias asentadas a lo largo de la cuenca”, exponen en el comunicado.
En cuanto al estudio encarado en su momento por Serman & Asociados, “es relevante señalar que no busca erradicar algunas de las causas principales que provocan las inundaciones, como son los rellenos de humedales por desarrollos inmobiliarios, ni tampoco tiene la finalidad de recomponer el ecosistema, acorde lo ordenado en el artículo 41 de la Constitución Nacional y recomendado por especialistas y organizaciones de la sociedad civil”.
ANTECEDENTES
Además del río Luján en su cuenca baja, las obras proyectadas también tendrán impacto en el denominado Delta del Paraná. Las organizaciones recuerdan que “ya desde 2008 el defensor del Pueblo de la Nación ha solicitado con carácter de urgente a las autoridades de Nación y Provincia que sea preservada la dinámica hídrica del Delta del Paraná y así garantizar la conservación del humedal interjurisdiccional más importante del país, que brinda bienes y servicios ambientales a la sociedad y que son indispensables para el ejercicio de la vida cotidiana y el desarrollo humano de más de 15 millones de personas que habitan en su área de influencia directa en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Con el mismo propósito, el defensor de Nación requirió la creación de un área protegida interjurisdiccional que abarcara la totalidad del Delta del Paraná, sus islas y cuerpos de agua.
Además de las correspondientes evaluaciones de impacto ambiental, las organizaciones se preguntan qué efectividad tendrá la obra destinada a evacuar con mayor rapidez el agua: “Esta zona de humedales (entre el río Paraná y la Panamericana) es una gigantesca esponja que absorbe los excedentes hídricos en épocas de lluvias intensas y es parte del Delta del Paraná, que constituye el principal reservorio natural de agua a nivel nacional. Por lo tanto, debería ser conservada como tal por éste y otros numerosos servicios ambientales que presta. Exactamente los mismos humedales, pero ubicados aguas arriba de la ruta Panamericana, han sido protegidos por la ordenanza 6374/2015 del Partido de Campana y declarados como no urbanizables”.
“¿Por qué no reciben el mismo tratamiento normativo los humedales a ambos lados de la Panamericana si se trata del mismo ecosistema?”, se preguntan.
También marcan como una contradicción la intención de ampliar el canal Santa María con el supuesto beneficio de mejorar el desagote del río, mientras se plantea la construcción de un camino que necesitará del relleno de humedales cuya utilidad natural es la de recibir el agua de inundaciones.
Por último, reiteran que la utilización de barros contaminados implicará afectar una zona de influencia de la Reserva Natural Otamendi. En tal sentido, exponen que “esos barros deberían tratarse como residuos peligrosos y disponerse adecuadamente (en un relleno de seguridad, incinerados, etc.)”.
“Al de por sí ya conflictivo camino atravesando una reserva natural para llegar a un emprendimiento inmobiliario privado, se sumaría un impacto ambiental enorme si se rellena con estos barros tóxicos. También nos preguntamos qué sucederá con la salud de las personas que adquieran un terreno en ese barrio privado si se habilita su alteo con esos barros”, agregan.
Como cierre, plantean que “un proyecto de tamaña envergadura debe iniciarse a través de un proceso transparente, donde estos interrogantes puedan ser respondidos, y las opiniones de la ciudadanía y distintos especialistas ser considerados”.