"Los derechos humanos son para todos e implican, en primer lugar, un freno para el Estado, que no puede disponer arbitrariamente de la vida de sus ciudadanos. Sirve aprender de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Nadie mejor que ellas sabe lo que significa sufrir la pérdida de un ser querido de manera violenta, injusta e ilegal (tres acciones motorizadas desde el Estado). Pese a semejante trauma, jamás respondieron desde la venganza, sino desde la Justicia, jamás pidieron 'matarlos a todos?, sino 'juicio y castigo?".
El sábado pasado se cumplieron 42 años del último golpe cívico militar. El 24 de marzo de 1976, los militares, con el respaldo de grupos civiles, asaltaron por la fuerza el poder del Estado y desde esa estructura implementaron el terrorismo de Estado, esto es, un plan sistemático orientado a generar terror en la población. Para eso recurrieron al secuestro, la tortura, la instalación de centros clandestinos de detención, la muerte, y el robo de bebés, entre otros métodos a partir de una completa arbitrariedad de las fuerzas estatales. Como objetivo de fondo, se buscaba llevar a cabo reformas económicas que terminaron perjudicando a la mayoría de la población.
Además de los 30.000 desaparecidos, el accionar militar dejó profundas heridas en la sociedad. Pero poco a poco, durante décadas y a partir de la lucha de los organismos de derechos humanos -como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo- algunas de esas heridas comenzaron a cicatrizar. Muchos de los genocidas fueron condenados y cumplen en la actualidad condenas por sus crímenes (como parte de un proceso inédito en comparación con otros países de la región, en los cuales dictaduras de características similares nunca fueron llevadas ante la Justicia). Más de cien nietos y nietas pudieron recuperar sus identidades, que habían sido arrancadas por los militares cuando apenas eran bebés (todavía restan identificar más de 300). Fueron recuperados varios de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención y reconvertidos en sitios de la memoria.
Durante este nuevo aniversario, quedó claro que el movimiento de derechos humanos se revitaliza con miles y miles de jóvenes dispuestos a tomar en sus manos las banderas de Memoria, Verdad y Justicia que durante tantos años enarbolaron (y enarbolan todavía), las Madres y Abuelas.
De todas formas, la fecha debe servir para fortalecer el compromiso. Los logros alcanzados necesitan defenderse y profundizarse. La intención de una parte de la Justicia de frenar los juicios contra los genocidas o beneficiarlos con presión domiciliaria, obliga a mantenerse en alerta. Como también algunas decisiones que implican desfinanciar áreas destinadas a una política activa de Memoria, Verdad y Justicia. Y mucho más cuando desde determinados sectores de poder se intenta instalar una mirada negacionista o justificatoria de lo ocurrido.
Pero además, esta fecha debe servir para motorizar la defensa irrestricta de los derechos humanos de hoy. Los derechos humanos son para todos e implican, en primer lugar, un freno para el Estado, que no puede disponer arbitrariamente de la vida de sus ciudadanos. Sirve aprender de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Nadie mejor que ellas sabe lo que significa sufrir la pérdida de un ser querido de manera violenta, injusta e ilegal (tres acciones motorizadas desde el Estado). Pese a semejante trauma, jamás respondieron desde la venganza, sino desde la Justicia, jamás pidieron “matarlos a todos”, sino “juicio y castigo”.
Un auténtico Nunca Más necesita de una democracia sin casos de gatillo fácil, sin manifestantes reprimidos, sin víctimas presentadas como victimarios, sin presos condenados injustamente o personas detenidas sin condena. Es decir, sin arbitrariedades estatales. Buscar soluciones a los problemas sociales por fuera de la vigencia del estado de derecho, lejos de solucionar esos problemas, no hará otra cosa que agravarlos. Es una lección que pese al terror vivido, todavía cuesta que algunos aprendan.