El Consejo Superior de la UNLu aprobó una resolución que permite que los trabajadores puedan migrar sus aportes a otra obra social. Desde la Asociación Docente advirtieron de los riesgos de tal decisión: "Esto es el principio del final. La universidad transfiere el problema a los afiliados".
En medio de la crisis financiera que atraviesa DASMI, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Luján aprobó una resolución para permitir que los trabajadores de la casa de altos estudios puedan migrar sus aportes a otra obra social. Desde el gremio de ADUNLu advirtieron de los riesgos: “Es el principio del fin”.
En la sesión ordinaria del 28 de junio, se trató la ratificación de las resoluciones Nº 228/18 y 229/18 “por las cuales se reconoce a los afiliados de DASMI el derecho a la libre elección de obra social”. El reclamo se inició a partir del caso de una afiliada, quien le solicitó al presidente del Consejo Superior la derivación de sus aportes de obra social a otra habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud.
Basándose en la Ley 24.741, la Dirección de Asuntos Legales Internos destacó el “derecho a la libre elección de obra social” o “derecho de opción”, que refiere a la posibilidad que poseen los afiliados titulares de las obras sociales a elegir una diferente a la que pertenecen en razón de su actividad.
“Se trata de la libertad del beneficiario para escoger un prestador diferente al originario, ya que si no se podría incurrir en un impropio de ‘afiliado cautivo’”, se detalla en la resolución aprobada por los consejeros. En tal sentido, exponen que “la ley exige que cada universidad otorgue cobertura y no que tenga su obra social, dejando abierta la posibilidad de que en alguna de ellas puedan buscar cobertura médica mediante convenios u otros instrumentos jurídicos”.
Además, se hace referencia a fallos judiciales que han determinado en el mismo sentido, haciendo hincapié en que la propia Ley 24.741 “garantiza el derecho de los trabajadores universitarios a la libre elección de la obra social”. Por eso, se encomienda al Rectorado que se “arbitren las medidas necesarias a fin cautelar los mecanismos que permitan a los afiliados de DASMI ejercer el derecho de los trabajadores universitarios a la libre elección de la obra social”.
OPOSICIÓN
Durante el debate en el Consejo Superior, desde el gremio de ADUNLu (Asociación de Docentes de la UNLu) expusieron su oposición y los riesgos que traerá tal decisión: “Desde el sindicato y la federación nacional CONADU Histórica estamos absolutamente en contra de esa decisión porque esa libre elección lleva directamente al desfinanciamiento de la obra social”, afirmó Patricio Grande. En tal sentido, se refirió al particular momento que atraviesa DASMI, que “viene sufriendo una crisis financiera desde hace tres o cuatro años. Eso repercute directamente en la prestación de los servicios. Hay recortes, como por ejemplo el Hospital Austral que lo sacaron dentro de la prestación”.
Según sostuvo Grande, “esto va a significar que quienes puedan y tengan salarios más altos se vayan a una prepaga; y los que tienen salarios más bajos se van a tener que quedar dentro de una obra social que va a tener menos ingresos y, por lo tanto, las prestaciones cada vez van a ser más reducidas”.
Actualmente, DASMI es una dirección dentro de la casa de altos estudios, por lo que la universidad tiene una responsabilidad directa. Con esta resolución, la prestadora de salud saldría al mercado a competir con otras obras sociales sindicales y prepagas. “Eso ya pasó en otras obras sociales universitarias y el resultado fue absolutamente perjudicial para los afiliados. Vamos a seguir dando la pelea porque DASMI siga perteneciendo a la universidad y que no tenga entidad como obra social porque de esta manera la universidad se saca la responsabilidad de encima”, apuntó el integrante del gremio docente.
Esta decisión se da en medio de “una fuerte presión que hay desde el sindicato nacional del sector no docente -expuso Grande-. Ellos vienen impulsando desde hace varios años su propia obra social gremial, que se llama OSFATUN. Hace unos pocos meses hubo un fallo de la Justicia de Córdoba por un litigio de la Universidad de Río Cuarto y justamente OSFATUN, donde le da el veredicto a la obra social. Para poder ampliar la obra social de los no docentes, necesitan que los afiliados puedan irse de la universitaria”.
El otro aspecto que marcó fue “el contexto de crisis estructural de las obras sociales universitarias. En el caso de DASMI, el último balance dio 13 millones de pesos de pérdida. De alguna manera, esto significa que el Estado tenga que poner menos dinero para no cubrir ese déficit operativo que hay. Si vos sumás todas las obras sociales universitarias del país, hoy se necesitan 1.000 millones de pesos que tendría que poner el Estado como partida presupuestaria extra para poder hacer frente a la crisis financiera”.
“Para nosotros esto es el principio del final”, advirtió Grande. Y sostuvo que, “a partir de la resolución del Consejo Superior, tienen que iniciar los trámites en la Superintendencia de Salud para poder tener personería de obra social. Después, los afiliados pueden optar por quedarse o irse. El resultado va a ser que la obra social va a quedar casi como una especie de mutual para cumplir algunos servicios esenciales y nada más. De esa manera, la universidad se quita todo el problema de encima y se lo transfiere a los afiliados”.