"La raíz represiva por fuera de todo encuadre legal es un problema endémico, solventado por discursos de mano dura que bajo el pretexto de combatir la inseguridad generan un sentido común contrario a derecho. De esa manera, se instauran lógicas estatales que, lejos de constituir excesos, representan formas de comportamientos bastantes habituales".
Argentina tiene -no hace falta desarrollar demasiado- una traumática experiencia asociada a la desaparición forzada de personas. Los años de la dictadura cívico-militar todavía constituyen una herida abierta, que derivó en traumas sociales difíciles de cicatrizar. Aquella experiencia debió ser lo suficientemente aleccionadora para que la figura del desaparecido no mantenga su vigencia. Sin embargo, el contexto democrático reproduce estas metodologías que, aunque con diferencias de contextos y sin encuadrar en un plan sistemático como en los años 70, replica responsabilidades de las fuerzas de seguridad.
Por estas horas se intenta dilucidar qué ocurrió con Facundo Castro, desaparecido desde el 30 abril. Otra vez una fuerza policial, en este caso la Bonaerense, aparece como la principal sospechosa, mientras se esperaba que los resultados forenses sobre un cuerpo determinen si corresponde al joven de 22 años.
Se trata de una problemática que atravesó a los gobiernos de diferentes signos políticos desde el retorno de la democracia. Esto nos habla de una problemática estructural. Hasta hace cinco años, un relevamiento de la Coordinadora Contra la Represión Policial (CORREPI) sumaba un total de 210 personas desaparecidas y 69 asesinatos en el marco de protestas y manifestaciones sociales; además de 4.278 muertes por gatillo fácil y tortura seguida de muerte en cárceles y comisarías.
La raíz represiva por fuera de todo encuadre legal es un problema endémico, solventado por discursos de mano dura que bajo el pretexto de combatir la inseguridad generan un sentido común contrario a derecho. De esa manera, se instauran lógicas estatales que, lejos de constituir excesos, representan formas de comportamientos bastantes habituales.
Hace algunos años, un informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destacaba que a diferencia de las desapariciones forzadas durante el terrorismo de Estado, “estas situaciones muestran patrones que son consecuencia de prácticas sistemáticas de abuso policial y de formas de negligencia, indiferencia, inacción y/o complicidad judicial y política en diferentes jurisdicciones del país”.
El mismo trabajo agregaba que “estas prácticas son posibilitadas por los amplios márgenes de autonomía policial, por la degradación de la profesión policial y por la ausencia de un gobierno político de las fuerzas que las conduzca y controle y de un sistema de justicia que investigue y sancione adecuadamente”.
La reproducción de estos dramas sociales -insistimos- expone procedimientos arraigados en las fuerzas de seguridad. Cada tanto, estas habitualidades derivan en desapariciones y/o muertes que son el resultado de lo anterior y no meros errores individuales de tal o cual uniformado. Hay una lógica que impera y se reproduce hacia el interior de estas instituciones, que funcionan de manera autónomas, con un control político que en la mayoría de los casos es meramente testimonial. O peor aún, en todos estos años de democracia se han dado demasiadas luces verdes desde las autoridades civiles que también favorecieron el “desboque” policial. Prácticas que siguen alimentando la tan triste figura de las desapariciones forzadas.