Seis obreros, la mayoría de Jáuregui, fueron detenidos en junio de 1956.
En agosto de 1956, dos meses después del levantamiento de los generales Raúl Tanco y Juan José Valle, seis obreros fueron detenidos acusados de haber gritado consignas peronistas durante aquel intento frustrado. El hecho ocurrió en Jáuregui y los apresados eran obreros, cinco de ellos domiciliados en esa localidad. Pese a su extracción radical, EL CIVISMO repudió las detenciones y reclamó la pronta liberación.
Bajo el título “Actos contrarrevolucionarios”, en la edición del 26 de agosto de ese año, este medio daba cuenta de lo sucedido: “Desde el sábado 18 están detenidos en la Comisaría local a disposición del juez Francisco Falabella, los siguientes ciudadanos: Eduardo González, Felix Luppo, Aurelio Barrios, Andrés Rodríguez, Manuel Domingo Maseda y Jaime Marti”. Inicialmente habían sido siete los detenidos, pero uno debió ser liberado por su calidad de menor de edad.
El artículo explicaba que “en la noche del 9 y 10 de junio, es decir, más de dos meses atrás, se produjo el frustrado intento que llevó al exilio al ex general Tanco y ante el piquete de fusilamiento al general Valle”. En ese contexto, “durante varias horas en todo el país se escuchó una transmisión radiotelefónica de Santa Rosa, La Pampa, anunciadora del triunfo de la intentona”.
En Jáuregui, “en esas horas se jugaban en un comercio partidas de un campeonato de truco”. Ante el intento que buscaba restaurar a Perón en el poder, “el dueño de la casa, al enterarse de lo que sucedía y de la vigencia del estado de sitio, despachó a los jugadores, algunos de los cuales, parecería que al retirarse a sus casas profirieron gritos de adhesión al régimen depuesto y amenazas para sus adversarios”.
“Decimos ‘parecería’ porque hay al respecto versiones contradictorias. El hecho es que dos vecinos de Jáuregui se han presentado después de tanto tiempo al juez nacional para acusar a los gritones porque tales gritos son a su juicio ‘violatorios a disposiciones en vigencia y podrían hallarse comprendidos dentro de las disposiciones del decreto 4161 del Poder Ejecutivo’”.
La norma citada hacía referencia a la disposición de los militares golpistas de prohibir cualquier clase de propaganda peronista, incluyendo el impedimento de mencionar a Juan y Eva Perón. EL CIVISMO explicaba que “este decreto fue dictado para prevenir y reprimir todo intento efectivo de alteración del orden con propósitos de subversión”. Sin embargo, “los gritos nunca pasaron de gritos y con ellos no se derriba ni aquí ni en parte alguna a los gobiernos”.
“Las detenciones que se efectúen por disposición de ese decreto, no son excarcelables. Los detenidos deberán, pues, estar privados de su libertad mientras el juez no dé su fallo. Esos detenidos son obreros en su casi totalidad. Cinco lo son en Jáuregui y cabe pensar que como la mayoría de los que habitan en dicha floreciente localidad, fueron y siguen siendo peronistas. Explicable y natural es que, jóvenes como son y fogosos, creyendo triunfante un movimiento que ellos consideraron y consideran justo, gritaran su pasión”, planteaba este medio.
A su vez, se ponía en duda la efectiva comisión del “delito” de gritar consignas peronistas: “No decimos que hayan gritado. Eso lo dicen los denunciantes. Nosotros señalamos la posibilidad de los gritos y aun la aceptamos como natural y lógica. Lo que no consideramos lógico ni sensato, es que para servir a la Revolución Libertadora se apele a estos procedimientos. Acusar para privar de libertad a seis trabajadores, cualesquiera sean sus ideas políticas, por gritar en pos de las suyas en un momento de exaltación, es estimular enconos, crear resentimientos, sembrar discordias. Y lo que el país todo necesita es lo contrario, es decir, concluir con el encono, con el resentimiento, con la discordia y restablecer sentimientos de solidaridad, de humana comprensión, fraternales”.
A pesar de la posición contraria a la disposición de la Justicia, EL CIVISMO recordaba que “durante el régimen depuesto se apeló frecuentemente a tales procedimientos para acallar la voz opositora. Sobre denuncias de hecho ciertos o magnificados o falsos o fraguados, se encarceló a mucha gente. Era odioso. Y sigue siéndolo”.
“Podrá argüirse que aquellos gritos se lanzaban en defensa de la libertad y que éstos se lanzaron a favor de la tiranía. Pero quienes lanzaron unos y otros creyeron defender una causa justa. Entendemos que es hora de concluir con tales cosas. Actos contrarrevolucionarios efectivos son los apresamientos de dirigentes gremiales, de trabajadores imputados de ‘ideas extremistas’, de ciudadanos que no han incurrido en delitos reales, concretos, materiales”, criticaba este medio a la autodenominada Revolución Libertadora.
Por otra parte, se destacaba que “a los obreros alojados en la Comisaría de Luján no se les hallaron armas, ni se les sorprendió en conspiración, ni tramando atentados, ni con materiales para ellos, ni en reuniones clandestinas”. Por esa razón, “urge que se apresure el procedimiento, que haya sentencia judicial, que se los ponga en libertad y se les restituya a sus hogares y a su trabajo; y urge también que todos pongamos serenidad y calma en el ánimo; que no creamos que la Revolución Libertadora va a derribarse con algunos gritos; que depongamos el espíritu de revancha; que no olvidemos que la venganza lastima a quien la sufre tanto como denigra y mancha a quien la cumple; que no es con denuncias y detenciones de la índole de las que comentamos, que se afianzará al gobierno de la revolución; antes bien, se le restan simpatía y se le acumulan odios”.
“Preciso es que cualesquiera sean nuestras respectivas posiciones cívicas y sociales, aprendamos a mirarnos limpiamente, sin miradas evasivas, sin odios, a comprendernos y a entendernos para realizar lo que todos consideremos bueno. Ensañarse, perseguirlos porque gritan, es repetir con algunas variantes, técnicas del pasado, de un pasado remoto y cercano que debemos desear que nunca salga de la categoría de recuerdo de pesadilla. Si los gritos que se les imputan fueron expresiones contra la Revolución Libertadora, la denuncia, el proceso y privación de la libertad, son actos contrarrevolucionarios efectivos que suman enemigos en vez de restarlos”, se analizaba.
En la edición siguiente, los responsables de EL CIVISMO le respondían a ciertas críticas emanadas desde sectores del radicalismo por la posición que asumió el medio en defensa de los obreros detenidos: “Aún en las peores horas del despotismo reciente, cuando se cometieron atentados contra ciudadanos, la UCR y sus afiliados acudieron en auxilio de los perseguidos sin preguntarles nombre ni filiación política”, se retrucaba.