Será coordinado por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y constatará análisis genéticos de personas que buscan sus orígenes. En Luján, se conocieron decenas de casos de adopciones ilegales y robos de recién nacidos tanto en el Hospital como en la Clínica Güemes.
La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), creada hace más de 30 años para acompañar la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, presentó el Programa Nacional de Identidad Biológica para conocer el origen de aquellas personas que fueron apropiadas a través de adopciones ilegales y avanzar en la búsqueda de las madres que denunciaron el robo de su bebé recién nacido.
A mediados del 2018, EL CIVISMO pudo reconstruir una trama ilegal que funcionó en Luján entre las décadas del 60 y 80. Se trató de una metodología vinculada a apropiaciones a partir de las entregas de bebés en forma directa en diferentes centros de salud del distrito, tanto públicos como privados, con la responsabilidad de profesionales de la salud. A eso se le sumaron testimonios de mujeres que denunciaron haber sufrido el robo de sus hijos recién nacidos. Todos los casos tenían un elemento en común: les decían que los niños habían fallecido durante el parto, pero nunca les mostraban el cuerpo.
De esta forma, la CoNaDI comenzará a centralizar la búsqueda de la identidad de origen ligada a la “apropiación de menores no vinculada a delitos de lesa humanidad”, detalló Claudia Carlotto, directora ejecutiva de la Unidad Especial de Investigación de la CoNaDI. Por su parte, la psicóloga María Gracia Iglesias, coordinadora del nuevo programa, explicó que “muchas personas se acercaban para conocer su identidad, pero no eran compatibles” con los registros que guarda el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
“Abuelas convocó a personas nacidas entre 1974 y 1983, pero de ese período hay más de 14.000 personas que buscan su origen y no son hijas o hijos de desaparecidos sino, en su mayoría, víctimas de tráfico de bebés. Los milicos toman el método porque el tráfico evita lo legal. Pero no son adopciones legales, son apropiación”, puntualizó Iglesias. Esto incluye no solo a bebés robados sino también a quienes fueron entregados por madres jóvenes obligadas a desprenderse de sus hijos.
Actualmente el BNDG guarda cerca de 14.000 muestras de personas que se acercaron con dudas sobre su identidad, pero no coinciden con las muestras de familias de desaparecidos en dictadura, lo que motivó el nuevo programa de CoNaDI.
MIRADA CRÍTICA
Desde la asociación civil Hermanos de Búsqueda plantearon sus reparos al anuncio que se conoció esta semana. En tal sentido, Hugo Capparelli, uno de los referentes, expuso que “lo que relanzan ya está hecho. Es la continuidad del programa RETIB (Red de Trabajo sobre Identidad Biológica). Las políticas tienen que estar más allá de los gobiernos, de los partidos y de las ideologías. Ahora lo quieren relanzar y tomar como propio. Eso da bronca. Porque tenemos horas de laburo ahí. Y que ahora digan que esto es un emprendimiento de Abuelas, me da un poco de bronca, porque nunca nos apoyaron”.
Además, cuestionó que no se avanzó con una ley para establecer como delito la compra-venta de bebés. “Eso es trata. Pero no está encuadrado en el Código Penal. La trata está relacionada con la explotación laboral o sexual de cualquier ser humano. Como nosotros fuimos a parar a familias para cumplir el rol de hijos, no estamos encuadrados en el delito de la trata. Si no, tendría el mismo tratamiento que los crímenes de lesa humanidad, es decir, que no prescribirían. ¿Cómo nosotros podemos resignarnos a saber nuestro origen? No nos pueden decir que la ley venció”.
Por otra parte, dijo que “solo reconocen a las mamás del 73 al 86 que le han robado algún hijo. Pero no hay una ley que avale todo esto. Hablan de un derecho a la identidad y al origen. Pero primero tiene que haber una ley que lo califique como un delito y como un derecho. Porque si no queda en el imaginario colectivo: sabemos que eso está mal pero no hay ninguna condena firme para quien hoy por ejemplo sigue haciéndolo”.
En tal sentido, puso como ejemplo lo que sucede en Santiago del Estero “donde se siguen comprando y vendiendo chicos. Lo que pasaba en Luján hace 50 años atrás hoy sigue sucediendo en las provincias más pobres como Santiago del Estero. Y está lamentablemente involucrada la Iglesia, los hospitales, jueces”.