Sucedió en una vivienda de calles Los Trigales y Las Petunias. La Policía incautó un arma de fuego y prendas que vestía un menor de 14 años cuando amenazó a otro en barrio San Jorge. El procedimiento se llevó a cabo en el domicilio de una concejala.
El viernes por la tarde, en el barrio San Pedro, se llevó a cabo un operativo policial que arrojó como resultado el secuestro de un arma de fuego y la demora de un adolescente. El procedimiento fue realizado por el Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la Comisaría Luján Primera en conjunto con el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Mercedes, Comando de Patrullas y Destacamentos.
La orden judicial autorizada fue ejecutada en una vivienda situada en la intersección de las calles Los Trigales y Las Petunias. En el lugar, se logró la individualización del imputado, un menor de 14 años, y el secuestro de una pistola calibre 22mm, sin marca ni numeración visible, junto con las prendas de vestir utilizadas al momento del hecho denunciado.
Tras la comunicación con la Fiscalía 8 del Fuero Juvenil de Mercedes, se avalaron las actuaciones policiales y se dispuso la notificación de la formación de causa al menor por “amenazas agravadas por el uso de arma y tenencia ilegal de arma de uso civil”. Posteriormente, el menor fue entregado a sus progenitores, cumpliéndose con todos los recaudos legales pertinentes.
El detonante de este operativo fue una denuncia realizada el 1 de agosto por Marcelo González, de 39 años, quien informó que su hijo menor de edad había sido amenazado con un arma de fuego por el adolescente de 14 años, mientras circulaba por las calles Las Margaritas y Los Ceibos, en el barrio San Jorge.
La Fiscalía interviniente, tras evaluar la denuncia, ordenó las medidas legales correspondientes, incluyendo el allanamiento de la vivienda del menor implicado.
El despliegue policial generó una serie de comentarios, versiones y especulaciones debido a que el domicilio allanado pertenece a una familia numerosa encabezada por Andrea Monzón, concejala de Unión por la Patria, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes y abuela del menor mencionado en la causa.
La participación de las distintas fuerzas de seguridad en esta vivienda vinculada a una persona con exposición pública por su labor política y social no solo en el llamado Bloque Los Santos sino también en otros barrios de la ciudad, aumentó el interés y las interpretaciones alrededor del operativo.
Desde el Municipio se indicó que este despliegue de fuerzas respondió a un protocolo estándar que está aplicando la Policía en cada procedimiento, independientemente del hecho cometido o del motivo del allanamiento ordenado por la Justicia.
Una versión proporcionada por allegados a la concejala Monzón sostiene que el menor había tenido un par de peleas con otros adolescentes en el barrio San Jorge. Según esta versión, uno de los adolescentes lo habría amenazado con una cadena, lo que llevó a uno de los 18 nietos y nietas que tiene la concejala a buscar un arma de fuego que aparentemente habría conseguido en la casa de un vecino.
A pesar de que algunos sugieren que el arma es una réplica de plástico o de juguete, la Justicia no hace distinción entre un arma real y una réplica bien elaborada.
En medio de las especulaciones, Daiana Araya, madre del menor denunciado e hija de Monzón, hizo un descargo público en redes sociales. En su declaración, Araya subrayó que la denuncia fue hecha por una madre conflictiva cuyos hijos hostigan a menores en el barrio.
También cuestionó la rapidez del allanamiento, realizado en menos de 24 horas, y defendió a su hijo afirmando que no es un joven problemático. Sin embargo, reconoció la gravedad del uso de un arma, incluso si es de juguete, y se comprometió a tomar medidas disciplinarias con su hijo y legales para resolver la situación, denunciando a quienes lo amenazaron de muerte y a los adultos que generaron este conflicto, sostuvo la señora Araya.
El operativo policial realizado en el barrio San Pedro, que culminó con el secuestro de un arma de fuego y la demora del menor, volvió a poner en evidencia una serie de problemáticas sociales, legales y comunitarias que trascienden el simple cumplimiento de una orden judicial.
Este hecho, muestra por un lado la eficiencia y protocolos de seguridad de las fuerzas policiales. Por otro, también revela las tensiones y desafíos subyacentes en una barriada marcada por la violencia juvenil y otras problemáticas que no son novedosas sino vienen arrastrándose y agravándose desde hace años, como quedaron expuestas la semana pasada.