Sucedió en Open Door. Se trata de un inspector de la PFA. La víctima, también integrante de la fuerza, había sufrido reiterados episodios de violencia. El agresor usó su arma reglamentaria para intimidarla. Fue detenido tras el llamado de una vecina.
El viernes por la tarde, una escena poco habitual llamó la atención de vecinos que pasaban por la Comisaría Luján Tercera, en la localidad de Open Door.
La presencia de varios efectivos que no pertenecían a la Policía bonaerense, junto con llantos provenientes del interior de la dependencia, generó preocupación.
Lo que aún no se sabía era que, a unas cuadras de allí, acababa de ocurrir un hecho gravísimo de violencia de género que pudo haber terminado en tragedia.
Un inspector de la Policía Federal Argentina (PFA) fue detenido luego de golpear a su pareja —también integrante de la misma fuerza— y amenazarla con el arma reglamentaria.
El agresor, identificado como Juan Carlos Omar Sosa, se desempeñaba en Rosario en el marco del Plan Bandera, mientras que su pareja prestaba servicio en la provincia de Entre Ríos.
La intervención policial se produjo gracias al llamado de una vecina que, alarmada por los gritos de auxilio, contactó al 911. La víctima pudo ponerse a salvo cuando llegó el personal de la Comisaría Tercera, mientras que Sosa salió armado de la vivienda.
Según fuentes del caso, el efectivo fue aprehendido portando el arma de la mujer, y quedó incomunicado por orden de la Fiscalía de Luján.
El historial del agresor no era desconocido: ya contaba con antecedentes por episodios similares. En esta ocasión, la violencia había escalado de forma dramática.
La víctima, cuya identidad como así también el domicilio donde se produjo este episodio se reserva por motivos de seguridad, venía tolerando una situación de abuso sostenido en el tiempo.
Incluso, había perdido un embarazo como consecuencia de las agresiones físicas, y durante meses convivió con la esperanza de que su pareja cambiaría, luego de que se le prometiera iniciar tratamiento psicológico. Pero ese proceso nunca llegó a concretarse.
El miedo también jugó su papel: la mujer evitó durante mucho tiempo formalizar una denuncia, temiendo que su pareja perdiera el empleo. Pero el círculo violento no hizo más que intensificarse. Cada vez que la mujer intentaba poner fin a la relación, Sosa la amenazaba con suicidarse utilizando el arma reglamentaria.
El viernes, durante una discusión, el hombre la golpeó y la amenazó con matarla si no seguía con él. Esta vez, usó el arma reglamentaria de ella. La rápida respuesta policial permitió evitar un desenlace fatal.
El operativo terminó con la detención del agresor, quien fijó domicilio en la localidad de Gregorio de Laferrere, donde reside su madre.
La fiscalía dispuso una serie de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la víctima, a quien además se le entregó un botón antipánico.
En paralelo, la Policía Federal activó sus protocolos internos y el inspector Sosa fue pasado a disponibilidad. El arma reglamentaria le fue secuestrada.
En tanto, a la mujer se le asignó un nuevo destino laboral para preservar su seguridad al tiempo que manifestó su intención de mudarse de Open Door, temiendo por su integridad y la de sus hijos.
La víctima destacó el acompañamiento que recibió de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Luján, así como del Hospital Zona General “Nuestra Señora de Luján” y de sectores de la propia Policía Federal que están brindando contención en todos los niveles.
CIFRAS ALARMANTES
Este hecho se da en un contexto alarmante. Hace menos de un mes, otro integrante de la Policía Federal asesinó a su pareja y luego se quitó la vida frente a una niña de 5 años.
Casos como estos reavivan el debate sobre la necesidad urgente de aplicar protocolos más estrictos dentro de las fuerzas de seguridad. En particular, la implementación de controles psicológicos rigurosos y periódicos para los efectivos que portan armas.
Según datos de la Casa de Encuentro, entre 2008 y 2020, agentes o ex agentes de las fuerzas de Seguridad mataron a 214 mujeres. Cifras oficiales de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, en 2021 se registró un pico en el número de femicidios cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad. En total, fueron imputados 25 uniformados —tanto federales como provinciales— por el asesinato de mujeres en contextos de violencia de género.
Se trata de la cifra más alta en cinco años: en 2020 fueron 7 los policías acusados, en 2019 fueron 16, en 2018 se contabilizaron 18 y en 2017, 12.
Informes recopilados por el CELS, indican que “en los últimos veinte años casi 500 mujeres fueron muertas, torturadas o heridas en el marco de hechos que involucraron uso particular de la fuerza por parte de funcionarios de las fuerzas de seguridad.
Sólo en el ámbito de la Capital Federal y Conurbano bonaerense casi la mitad de las 169 mujeres fallecidas entre 1996 y 2016 murieron por esta causa. Prácticamente la totalidad de estos hechos ocurrieron cuando el efectivo se encontraba fuera de servicio, muchas veces debido a la presencia de un arma de fuego portada por el funcionario fuera de su horario laboral sumada a normas y costumbres que hacen a la relación de los policías con el arma y en general con la violencia.
Esto constituye la situación más significativa de vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional”, señala el Centro de Estudios Legales y Sociales.
El uso del arma reglamentaria en estos crímenes añade una dimensión perturbadora. “La pertenencia del agresor a las Fuerzas Armadas o de Seguridad constituye un factor de altísimo riesgo en casos de violencia doméstica”, establece una directiva judicial.
“En estos casos, las fiscalías deben informar a la autoridad administrativa correspondiente la existencia de la denuncia y las medidas preventivas ordenadas, para restringir el uso del arma reglamentaria fuera del horario laboral”.
Pese a estas normativas, las estadísticas muestran que muchas veces las medidas llegan tarde o no se implementan con la urgencia que requieren. En no pocos casos, las denuncias previas realizadas por las víctimas no obtuvieron respuestas eficaces.
Mientras la investigación avanza, este nuevo caso expone las fallas estructurales que permiten que agresores armados convivan con sus víctimas. Todo pasó en Open Door, no muy lejos donde hace pocos días otro sujeto violento además de agredir a su pareja, le incendió la vivienda también a pocas cuadras de la Seccional Luján Tercera.