Tras el fracaso en el Senado de la Nación, la legisladora bonaerense presentó la iniciativa para implementarla en la Provincia. A pocos meses de las elecciones legislativas, busca prohibir candidaturas a condenados en segunda instancia por delitos de corrupción.
Mientras todavía se acusan entre los libertarios y los macristas por el fracaso en el Congreso de la Nación del proyecto de Ficha Limpia, que no llegó a ser aprobado por la Cámara Alta, el sector del PRO de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se prepara para discutir una iniciativa idéntica para aplicar en territorio bonaerense.
La normativa fue presentada por la legisladora lujanense Rita Sallaberry, ex concejala y ex secretaria de Gobierno de Oscar Luciani, quien responde a nivel provincial a Cristian Ritondo, encargado de los amarillos de negociar con La Libertad Avanza el acuerdo electoral para las legislativas del 7 de septiembre. Además, Sallaberry defiende abiertamente las políticas llevadas a cabo por Javier Milei a través de las redes sociales.
Básicamente, la propuesta busca prohibir candidaturas de personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción y apunta a impedir la posible participación de la ex presidenta Cristina Fernández, quien encabezaría la lista de la Tercera Sección electoral, según trascendió.
De esta manera, se incorporaría el inciso c del artículo 30 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para inhabilitar las candidaturas de “quienes hayan sido condenados en segunda instancia por delitos tales como fraude en perjuicio de la Administración Pública, cohecho y tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de funcionarios”.
Según establece el texto, la inhabilitación se “aplicará únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral” y, en caso de una condena con posterioridad al 1 de enero del año en el que se llevarán a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral”.
Cabe recordar que la Cámara Federal de Casación Penal ratificó en noviembre de 2024 la condena por seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta al considerarla responsable de administración fraudulenta en el marco de la Causa Vialidad.
La posibilidad que barajaba un sector del peronismo antes del debate de Ficha Limpia en el Congreso, era que la ex presidenta y actual titular del PJ nacional encabece la lista por la Tercera sección en las elecciones del 7 de septiembre. Si bien la caída del proyecto en el Senado despertó los rumores sobre una eventual candidatura nacional, desde el Instituto Patria manifestaron que el escenario más probable es que se mantenga la estrategia a nivel provincial.
“El proyecto busca asegurar que individuos con antecedentes penales no ocupen posiciones de poder en el ámbito público. De este modo, se elevarían los requisitos de elegibilidad en ámbito público, respondiendo a la demanda ciudadana de mayor honestidad y transparencia en la función pública”, manifestó Sallaberry.
Además, expuso que “ya son muchas las provincias que adoptaron el proyecto impulsado históricamente por el PRO. Es el momento de hacerlo en la provincia de Buenos Aires para fortalecer la democracia y transparentar la administración pública”.
Además, la iniciativa plantea que los partidos políticos deberán exigir a todos los candidatos la presentación del certificado de antecedentes penales. La omisión de este requisito podría derivar en la exclusión de la lista del proceso electoral, ya que sería considerada “incompleta”.
Si bien el proyecto nacional de Ficha Limpia no fue aprobado en el Senado nacional, una cuestión que profundizó las internas entre el PRO y La Libertad Avanza, el debate en la Legislatura bonaerense podría abrirse con el proyecto promovido por el PRO que suma al pedido presentado en abril por el bloque de la Coalición Cívica.
Una ordenanza local
En octubre de 2022, el Concejo Deliberante aprobó, por mayoría, un proyecto de ordenanza de “ficha limpia” que prohíbe la designación de funcionarios condenados en primera o segunda instancia por hechos de corrupción. La iniciativa había sido presentada por Susana Busso.