La medida alcanza a Gustavo Rocha, Lucas González Bonomo y Alex Iñiguez mientras que el cuarto detenido, Franco Gutiérrez, ya está cumpliendo con esta disposición desde mayo. En cuantos al resto de imputados, continúan prófugos de la Justicia y se cree que ya nadie los busca.
Pasaron más de tres meses del crimen que conmocionó a la localidad de Olivera, y aunque hay avances judiciales en el expediente que investiga el linchamiento del albañil Jeremías Sosa, la causa continúa a mitad de camino.
Cuatro de los imputados fueron detenidos y procesados, pero los otros cuatro -vinculados a fuerzas de seguridad y con cierto poder económico- siguen prófugos y, para muchos vecinos, nadie los está buscando.
Este jueves, y tras semanas sin novedades, el Área Comunicacional del Ministerio Público Fiscal de Mercedes informó que la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmó tanto la prisión preventiva como la calificación legal para tres de los ocho imputados por el asesinato de Sosa, quien murió brutalmente golpeado la noche del 22 de febrero, tras ser confundido con un presunto ladrón.
La medida alcanza a Gustavo Rocha, Lucas González Bonomo y Alex Iñiguez, los tres detenidos durante los primeros días de investigación y a quienes el Juzgado de Garantías 3, a cargo del Dr. Patricio Arrieta, ya les había dictado la prisión preventiva a comienzos de abril.
La defensa apeló esa resolución e intentó que se revisara la calificación del delito, pero ahora la Cámara ratificó lo actuado por la Fiscalía. La Dra. María Laura Cordiviola, titular de la Fiscalía 10, sostiene la imputación de “homicidio agravado por su comisión con alevosía”, una figura penal que contempla una pena de prisión perpetua.
El cuarto detenido, Franco Gutiérrez, se entregó de manera voluntaria el pasado 21 de abril. Desde el 28 de mayo también cumple prisión preventiva.
Actualmente, Gutiérrez está alojado en la unidad de Virrey del Pino, mientras que Iñiguez y González Bonomo permanecen en una penitenciaría de Florencio Varela, y Rocha se encuentra en una cárcel de la zona de La Plata.
LOS PRÓFUGOS
Lo que mantiene encendida la bronca en parte de la comunidad de Olivera es la situación de los otros cuatro imputados: Agustina Atrio, Walter Atrio, su hijo Matías y Néstor Rebottaro. Todos tienen pedido de captura nacional desde fines de marzo, pero aún no fueron localizados.
Fuentes cercanas a la investigación los describen como “los poderosos del caso”. No solo por sus recursos económicos, sino por sus estrechos vínculos con miembros de la Policía Bonaerense y otras fuerzas de seguridad.
A medida que avanzó la investigación y se sumaron testimonios, fue quedando en evidencia que los Atrio y Rebottaro no solo participaron del linchamiento, sino que, gracias a sus contactos, lograron desaparecer sin dejar rastros. En tanto, Felipe Crivelli, ex policía y pareja de Agustina Atrio, quedó completamente al margen de la causa.
Para muchos vecinos de Olivera, la falta de resultados en la búsqueda no es producto del azar, sino una señal más de cómo funciona un sistema judicial permeado por los intereses de los más influyentes.
“No puede ser que con cuatro órdenes de captura activas desde marzo todavía nadie los haya encontrado. No los busca nadie. Y todos sabemos por qué”, dijo un allegado a una de las familias de uno de los detenidos.
A LA VISTA DE TODOS
La causa investiga el crimen de Jeremías Sosa, un joven albañil llegado desde Misiones a la localidad para visitar a familiares que fue atacado salvajemente la noche del 22 de febrero, entre las 22 y las 22:30 horas, en la calle Juan XXIII, entre Remedios de Escalada y Reconquista, en pleno centro de Olivera.
Según reconstruyó la Fiscalía, Sosa caminaba solo por la vía pública cuando fue interceptado por un grupo de personas que lo acusaban de haber intentado ingresar a robar en viviendas de la zona.
Uno de los agresores lo golpeó en el rostro, lo tiró al suelo y de inmediato se sumaron otros atacantes, quienes lo golpearon con puños y patadas mientras lo insultaban y le ordenaban que se quedara quieto.
Testigos del hecho relataron que Sosa suplicaba ayuda y pedía que dejaran de pegarle. Pero la agresión continuó, incluso frente a la mirada de decenas de vecinos. Algunos intentaron intervenir con palabras, pero nadie logró detener la golpiza hasta que llegó la Policía.
Para entonces, Jeremías yacía inconsciente en el suelo, con una soga atada al cuerpo. Fue trasladado al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, donde los médicos constataron su muerte producto de un shock neurogénico por traumatismo craneal severo.
Desde el momento en que se conocieron los nombres de los implicados y sus lazos con miembros de la Policía, la sospecha de encubrimiento sobrevoló la investigación.
Hoy, tres meses después, esa sospecha se convirtió en convicción para muchos. La impunidad con la que los cuatro prófugos siguen evadiendo a la Justicia es el síntoma más claro de un sistema desigual: actúa rápido cuando los acusados son personas sin recursos ni contactos y se paraliza cuando los señalados tienen amigos con uniforme y poder.
La indignación nunca se disipó en Olivera. No solo por la brutalidad del crimen, sino por el manto de protección que cubre a algunos de los principales responsables. Mientras la familia de Jeremías Sosa exige justicia completa, la mitad de los acusados sigue libre y, en apariencia, fuera del radar policial.