El revés judicial alcanza a Lucas González Bonomo, Franco Gutiérrez y Alex Iñeguez. La causa por el brutal homicidio sigue sumando elementos.
El Juzgado de Garantías 3 de Mercedes, a cargo del Dr. Patricio Arrieta, resolvió rechazar los pedidos de morigeración de la prisión preventiva que habían sido presentados por las defensas de Lucas Samuel González Bonomo, Franco Emanuel Gutiérrez y Alex Ezequiel Iñeguez, tres de los cinco detenidos por el crimen de Jeremías Sosa, quien fue brutalmente asesinado el pasado 22 de febrero en Olivera.
La resolución judicial se conoció este miércoles 19 de junio. Los acusados están imputados por el delito de: “Homicidio agravado por ensañamiento, alevosía o insidia”, figura penal que prevé una pena de prisión perpetua.
La decisión del Juzgado constituye un nuevo revés para las defensas, que habían solicitado que sus asistidos cumplieran prisión domiciliaria en distintos domicilios del conurbano bonaerense y del interior de la provincia.
En el caso de González Bonomo, se propuso un domicilio en Villa de Mayo, Partido de Malvinas Argentinas; Iñeguez ofreció vivir en Lima, Partido de Zárate; y Gutiérrez planteó radicarse en el barrio Los Paraísos de General Rodríguez.
No obstante, los informes socio ambientales elaborados por la Asesoría Pericial entre el 21 de mayo y el 11 de junio fueron negativos o insuficientes para acreditar la viabilidad de la prisión domiciliaria.
Por su parte, la fiscal María Laura Cordiviola se opuso formalmente a la concesión de las medidas alternativas, posición que mantuvo incluso tras conocer los resultados de los informes.
El Juzgado coincidió con la fiscal y argumentó que “no se han agregado nuevas pruebas que pudieran hacer variar favorablemente la situación procesal de los nombrados”.
En el caso de González Bonomo e Iñeguez, ambos se encuentran con prisión preventiva formalizada desde el 1 de abril. Esa resolución fue confirmada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes el 2 de junio. Gutiérrez, en tanto, fue procesado con prisión preventiva el 28 de mayo.
Respecto del cuarto detenido, Gustavo Javier Rocha, el informe pericial señaló que el domicilio propuesto no reunía las condiciones para que allí cumpliera prisión domiciliaria. Al no haber ofrecido una nueva alternativa, su pedido quedó sin tratamiento.
La negativa a morigerar las prisiones preventivas se sustenta en el riesgo procesal que representan los acusados. Además, la elevada expectativa de pena por el delito que se les imputa constituye un incentivo para la fuga, y a ello se suma la extrema violencia del hecho investigado.
En el caso de Franco Gutiérrez, el magistrado remarcó que el imputado se mantuvo prófugo durante casi dos meses, ya que la orden de detención pesaba sobre él desde el 27 de febrero, pero recién se presentó ante la Justicia el 22 de abril.
Durante ese período, se realizaron múltiples allanamientos sin lograr localizarlo, lo que fortalece la hipótesis de riesgo de fuga. Por otro lado, el domicilio ofrecido por Gutiérrez es el mismo que fue allanado durante la búsqueda del acusado y donde este no se encontraba.
En cuanto a Iñeguez, el informe pericial advierte que el lugar en el que supuestamente cumpliría arresto domiciliario está en construcción y carece de condiciones mínimas de habitabilidad, como conexión eléctrica y sanitarios completos.
Frente a todos estos elementos, el Juzgado resolvió “no hacer lugar a la prisión domiciliaria solicitada” para González Bonomo, Iñeguez y Gutiérrez, quienes continuarán detenidos bajo la modalidad de prisión preventiva ordinaria.
Mientras tanto, la causa sigue avanzando con nuevos elementos. El último en ser detenido fue Néstor Rebottaro, quien permanecía prófugo prácticamente desde la noche del crimen.
Fuentes con acceso a la investigación revelaron que, tras su captura, Rebottaro habría brindado una breve declaración en la que señaló a Walter Atrio como el responsable directo del asesinato de Jeremías Sosa, afirmando que fue este quien lo golpeó hasta matarlo.
Atrio continúa prófugo, al igual que Matías y Agustina Atrio, quienes también son buscados por la Justicia como partícipes del hecho. En total, son ocho las personas mencionadas en la causa, de las cuales cinco están detenidas y tres siguen sin ser localizadas.
El asesinato de Jeremías Sosa estremeció a la comunidad. La víctima fue atada y brutalmente golpeada hasta la muerte por un grupo de personas que lo habrían acusado de un intento de robo. La autopsia reveló múltiples traumatismos y lesiones compatibles con un ataque grupal, lo que derivó en una causa por homicidio agravado.
Desde entonces, la causa ha estado marcada por detenciones escalonadas, declaraciones contradictorias, ocultamientos y versiones cruzadas, en un contexto de violencia vecinal y justicia por mano propia que ahora enfrenta su etapa judicial más decisiva.
La negativa a otorgar prisiones domiciliarias parece ratificar el rumbo de la investigación: para la Justicia, los acusados representan un riesgo cierto de fuga y, por ahora, no existen condiciones objetivas ni procesales para suavizar su situación.