Pertenece a Protección Ciudadana. El hecho sucedió la noche del 18 de julio en barrio El Quinto. Fue separado de sus funciones, se le inició un sumario administrativo sin goce de haberes por 45 días y fue denunciado penalmente.
El jueves 24 de julio, al intendente municipal Leonardo Boto no le tembló el pulso al firmar un decreto que afecta a un empleado de la Secretaría de Protección Ciudadana.
La medida ordena el inicio de un sumario administrativo y la suspensión preventiva, sin goce de haberes por 45 días, a Luis Francisco Barbieri, inspector fiscalizador de planta permanente. Se lo involucran en un hecho delictivo: el ataque armado contra una cámara de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal (COM).
El episodio, hasta ahora desconocido, ocurrió la noche del viernes el 18 de julio en la intersección de las calles San Roque y Santa Elena, en el barrio El Quinto.
Fue registrado en tiempo real por los operadores del COM y motivó una denuncia penal firmada por el propio subsecretario de Protección Ciudadana, Gabriel Jurina, quien, junto al director de Seguridad, Pablo Hammer, presentó la documentación correspondiente ante la Justicia.
Según consta en la denuncia, una de las cámaras de video vigilancia dejó de funcionar repentinamente. Casi de inmediato, el COM recibió un llamado al 911 de un vecino que había presenciado un hecho inquietante: un Toyota Corolla gris o champagne se había detenido en el cruce de esas calles y desde su interior una persona había extraído un arma de fuego por la ventanilla para disparar directamente contra la cámara.
Los operadores del COM comenzaron un seguimiento del vehículo a través del sistema de monitoreo. En las imágenes pudieron confirmar que se trataba de un Toyota Corolla con dominio adulterado (MVB-121), ya que la numeración no coincidía con los registros oficiales. Poco después se corroboró que la patente original era MVB-920.
La investigación logró identificar el vehículo y rastrear su ubicación hasta calle Alvear entre Las Heras e Ituzaingó, donde fue hallado sin ocupantes. El móvil policial enviado al lugar no encontró impedimentos legales sobre el auto, pero la titularidad del mismo estaba a nombre de Luis Francisco Barbieri, inspector de Protección Ciudadana y con domicilio en calle Alsina al 900.
Frente a los indicios reunidos, el intendente decidió aplicar la máxima sanción preventiva disponible dentro del marco administrativo: la suspensión sin goce de haberes por un plazo de 45 días, tiempo durante el cual se tramitará el sumario que intentará determinar el grado de responsabilidad del agente. La Subdirección de Sumarios avaló la medida, subrayando que la permanencia de Barbieri en su puesto podría entorpecer la investigación.
El caso no solo resulta inédito por su modalidad -un ataque armado a una cámara de seguridad ejecutado presuntamente por un empleado del área encargada de la prevención del delito- sino que exhibe una trama aún no del todo esclarecida.
¿Por qué un agente municipal circulaba armado? ¿Por qué modificó la patente de su vehículo? ¿Qué información podía registrar esa cámara que motivara su destrucción? ¿Por qué abandonó el auto? ¿El disparo tiene por único objetivo la cámara o la intención era también dañar el transformador de la luz para dejar sin suministro eléctrico la zona?
Son preguntas que aún no tienen respuestas claras, y que ni el gobierno municipal ni las fuerzas de seguridad han querido contestarlas públicamente.
Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes del propio Ejecutivo que fueron consultadas horas después del ataque vandálico a la cámara del COM, Barbieri mantiene un vínculo familiar con un funcionario municipal que en mayo del año pasado sufrió el incendio intencional de dos vehículos en el barrio El Mirador.
Ese hecho tampoco se supo si fue esclarecido. Llamativamente, según contaron la semana pasada, esa noche Barbieri fue visto en el lugar del ataque, brindando una vaga explicación sobre su presencia, lo que generó sospechas sobre su posible implicancia en actividades ilícitas.
Aunque no hay acusaciones formales contra el empleado que se conozca, tampoco se pudo saber si fue detenido por la Policía tras la destrucción de la cámara. No obstante, este episodio refuerza la necesidad de esclarecer su conducta y sus vínculos, tanto dentro como fuera del ámbito municipal.
Lo sucedido pone bajo la lupa la conducta de un agente municipal. Un atentado contra una cámara no solo es un ataque a un bien público, sino que lo agrava aún más debido a que el sospechoso es alguien que pertenece a la misma área encargada de la seguridad.
La decisión del intendente de iniciar un sumario y suspender preventivamente a Barbieri puede leerse como una señal de que no se tolerarán conductas delictivas dentro del ámbito municipal, pero también como un intento de tomar distancia de un caso que podría derivar en una investigación penal más amplia.
Por ahora, la causa y las actuaciones administrativas están en una etapa inicial. El sumario también prevé la posibilidad de ampliarse a otros agentes que pudieran estar involucrados.
Con el correr de los días, el expediente administrativo podrá ofrecer algunas respuestas. Pero la causa penal podría ir más allá, sobre todo si se confirma que el ataque fue planificado para destruir evidencia vinculada a otros hechos.
La gravedad del caso, sumado al perfil del acusado y la opacidad del manejo institucional, convierten este episodio en uno de los más preocupantes de los últimos meses.