Allanamientos tras los violentos episodios desatados el martes de la semana pasada y las denuncias cruzadas por amenazas con armas de fuego.
Nuevamente, la calma relativa del barrio Padre Varela volvió a quebrarse a primera hora de la mañana, cuando un amplio despliegue policial sorprendió a los vecinos.
Varios móviles de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llegaron al lugar y hasta un helicóptero de la fuerza sobrevoló la zona, en el marco de un operativo de allanamiento ordenado por la Justicia.
La investigación se inició tras una denuncia radicada el pasado 3 de septiembre por Yanet Lucía Ojeda, quien aseguró que un día antes su hijo menor de edad y su pareja, Lucas Juan Manuel Stelmak, habían sido agredidos y amenazados con armas de fuego por integrantes de la familia Conti y otro sujeto de apellido González.
Según la presentación, los agresores efectuaron detonaciones y arrojaron piedras contra el domicilio de Ojeda, en un episodio que generó conmoción en el barrio.
Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía 10 solicitó órdenes de allanamiento con fines de secuestro de armas de fuego y municiones, que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías 1.
La medida judicial se concretó este miércoles con intervención de la Comisaría Luján Segunda y el Grupo Táctico Operativo (GTO). La Policía ejecutó tres allanamientos simultáneos en viviendas vinculadas a la familia Conti, señalada en las denuncias.
El Objetivo 1 fue en calle Rivadavia esquina Pascual Simone, en un lugar conocido entre los vecinos como “Transilvania”, donde reside Martín Israel Conti, de 26 años, imputado en la causa. El resultado del registro fue negativo.
El Objetivo 2 se llevó a cabo en calle Roma esquina Chubut, domicilio de Jorge Emiliano Conti, de 29 años, también imputado. El procedimiento no arrojó resultados positivos.
En tanto, el Objetivo 3 se realizó en calle Chubut, entre Roma y Rivadavia, residencia de Micaela Gisele Conti, de 36 años, igualmente imputada. En este caso, el resultado también fue negativo.
Si bien no se hallaron armas ni municiones en los domicilios, la Justicia dispuso notificar a los tres imputados bajo el artículo 60 del Código Procesal Penal por los delitos de: “Abuso de armas y amenazas agravadas”.
EL TRASFONDO
El caso que originó los allanamientos tiene como telón de fondo un conflicto barrial de larga data. Según Ojeda, el martes 2 de septiembre, cerca de las 18, su hijo de 15 años y su pareja fueron increpados en la vía pública por integrantes de la familia Conti y un vecino de apellido González.
La denuncia detalla que los agresores portaban un revólver y una pistola, con los que realizaron disparos intimidatorios, además de arrojar piedras contra la vivienda de la mujer.
Aunque no se registraron heridos, el episodio dejó temor en la familia, que solicitó medidas de protección, entre ellas la imposición de una perimetral y la entrega de un botón antipánico.
Sin embargo, antes de que Ojeda formalizara su denuncia, la propia Micaela Gisele Conti había acudido a la Comisaría Luján Primera para denunciar a Lucas Stelmak, pareja de Ojeda, a quien acusó de haberla amenazado y disparado un arma de fuego en la esquina de Pascual Simone y Rivadavia, cuando ella caminaba junto a su hijo de 17 años.
Conti relató en sede policial que Stelmak, a bordo de una motocicleta Honda CG roja, la apuntó con un arma de puño plateada y efectuó un disparo. La causa fue caratulada como: “Amenazas agravadas por el uso de arma”.
Al día siguiente, en la Comisaría Luján Segunda, Ojeda amplió su denuncia y señaló nuevamente a varios integrantes de la familia Conti: Martín (alias “El Boli”), Micaela, Emiliano, Ariel y Catriel, además de otra persona de apellido González y otro masculino aún no identificado.
Lo que en principio parecía un incidente menor o un enfrentamiento aislado entre vecinos, terminó revelando una trama de hostilidades acumuladas.
Ambas familias sostienen versiones opuestas, aunque coinciden en un punto: las armas de fuego y los disparos estuvieron presentes la tarde del martes de la semana pasada.
Las denuncias cruzadas, el señalamiento recíproco y los antecedentes de conflictos previos en el barrio configuran un escenario de alta conflictividad que obligó a la Justicia a intervenir con medidas urgentes.
Tras el operativo de este miércoles, que no logró el secuestro de armas en los domicilios allanados, la Fiscalía 10 continúa con la investigación. El GTO de Luján Segunda fue comisionado para obtener imágenes de cámaras de seguridad de la zona, individualizar a los autores mencionados y recolectar otros elementos de prueba.
Mientras tanto, los tres imputados fueron notificados de la formación de una causa penal. La investigación deberá determinar si efectivamente existieron disparos, de qué arma provinieron y quiénes fueron los responsables directos de las amenazas y las agresiones denunciadas.