Los concejales consideraron que la medida del Gobierno fue "altamente agraviante y ofensiva" para quienes sostienen espacios comunitarios en los barrios más humildes del país.
En la sesión ordinaria del lunes pasado, el Concejo Deliberante aprobó una resolución en la que expresa su “más enérgico repudio” al gobierno nacional y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la difusión de una auditoría sobre comedores comunitarios que luego fue reconocida oficialmente como inexistente.
La iniciativa fue presentada por el bloque Fuerza Patria y contó con el acompañamiento de sus concejales presentes, mientras que el resto de la oposición -ante la ausencia de Camila Díaz, Andrés Salvatto, Micaela Varela y María de la Paz Elías- votó en contra.
En el texto aprobado, los ediles recordaron que el Ministerio de Capital Humano admitió por escrito que la auditoría nunca existió, en el marco de un pedido de acceso a la información pública iniciado por la diputada nacional Natalia Zaracho en mayo de 2024.
La confesión llegó más de un año después, luego de que la propia funcionaria judicializara el reclamo y obtuviera un fallo favorable.
Según se remarca en la resolución, el documento oficial reconoce que el gobierno nacional utilizó esa supuesta auditoría “fantasma” para suspender la entrega de alimentos en todo el país, bajo el argumento de que “casi el 50% de los comedores no existían”, tal como había asegurado el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, durante su exposición en el Congreso.
Los concejales advirtieron que esta situación derivó en la retención de millones de kilos de comida que permanecieron almacenados en depósitos ministeriales y que estuvieron al borde de vencerse, hasta que una intervención judicial ordenó su distribución.
IMPACTO
El Concejo consideró que la medida del Gobierno fue “altamente agraviante y ofensiva” para quienes sostienen espacios comunitarios en los barrios más humildes del país. “Bajo la excusa de supuestos mecanismos de transparencia en la asistencia alimentaria, se interrumpió todo tipo de ayuda que recibían organizaciones comunitarias, religiosas, ONG y municipios, situación que al día de hoy persiste”, se expresó en el documento.
A su vez, los ediles remarcaron que los comedores cumplen un rol que trasciende la ayuda alimentaria, ya que funcionan como “verdaderas redes de contención social que deben ser protegidas, fortalecidas y acompañadas”.
Por eso, además del repudio, el HCD rechazó la utilización de esa auditoría inexistente como justificativo para suspender la asistencia alimentaria en todo el territorio nacional y exhortó al Poder Ejecutivo a dejar sin efecto las decisiones tomadas en base a esa auditoría y a restituir de manera inmediata la entrega de alimentos a organizaciones sociales, religiosas y ONG.