En las últimas semanas, las bajas de las pensiones contributivas llegaron a 149 en Luján, según detallaron desde la Dirección de Discapacidad.
El número de vecinos de Luján que quedaron sin pensión no contributiva por discapacidad sigue en aumento. Según informó el director de Discapacidad del Municipio, Juan Manuel Puente, ya son 149 las personas que dejaron de percibir este derecho, lo que significa casi 40 casos más respecto a los 110 registrados a fines de agosto.
El funcionario municipal remarcó que la situación responde a los recortes que lleva adelante el gobierno nacional en el sector, lo que agrava la vida cotidiana de familias que dependen de ese ingreso para sostener terapias, tratamientos y gastos básicos.
“El gobierno nacional sigue ajustando en los más vulnerables, en situaciones en donde ya el Congreso dos veces le dijo que el camino es la ley de emergencia”, expresó en declaraciones a Pares TV.
La problemática se da en un escenario de alta conflictividad política. Tras el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, el Congreso la volvió a sancionar y el Ejecutivo finalmente promulgó la norma (Ley 27.793). Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que quedará suspendida hasta que el Parlamento defina fondos específicos.
Para Puente, esto implica que “volvieron la pelota al Congreso diciendo: ustedes díganme de dónde voy a sacar la partida. Entonces ya se está pensando para el presupuesto 2026, pero en el medio hay un montón de familias que no tienen la terapia para los chicos, hay un montón de prestadores que no están cobrando y no van a poder cobrar. La situación es realmente grave. Y esto es volver a foja cero”.
El funcionario recalcó que la ley es “contextual” y que su aplicación hasta diciembre de 2026 busca sostener a centros de día y prestadores que hoy enfrentan un escenario crítico. “No es un gasto que mueva el amperímetro del PBI, sino que atiende a un sector compuesto por personas con discapacidad, sus familias, profesionales e instituciones”, señaló.
Puente explicó además que los fondos previstos por la ley están destinados a evitar que las instituciones cierren sus puertas. “Los centros de día no tienen plata para pagar a los profesionales, no tienen para los servicios, los transportistas no pueden cobrar y los chicos corren el riesgo de quedarse sin terapias. La emergencia en discapacidad está pensada justamente para dar oxígeno a un sistema que ya venía funcionando con retrasos y con dificultades, pero que al menos se sostenía”, dijo.
TRÁMITES FRENADOS
La Dirección de Discapacidad de Luján confirmó que 149 personas acudieron al área municipal tras dejar de percibir la pensión, a pesar de cumplir con todos los requisitos médicos.
“A esas 149 personas les corresponde la pensión. Todas tienen condiciones de salud. Para acceder al derecho se deben presentar certificados médicos, avalados por diferentes auditorías. No se puede cortar un beneficio que corresponde por ley”, remarcó Puente.
Otro punto crítico señalado por el funcionario es el mecanismo de notificación. Según explicó, muchas personas no recibieron la carta documento enviada por el Correo Andreani para informar sobre las auditorías, lo que las dejó sin posibilidad de defender su situación.
“El segundo correo de notificación tampoco llegó. Quienes lograron recibirlo pudieron presentarse en la auditoría en General Rodríguez, donde desde la Dirección de Discapacidad acompañamos con traslados a quienes no tenían la posibilidad de ir por sus propios medios”, relató.
Puente enfatizó que el procedimiento para acceder a la pensión es estricto y ya garantiza un control exhaustivo. “Para poder acceder a este derecho, la persona tiene que presentar certificados médicos de su condición de salud, que luego son completados por otro profesional en un Certificado Médico Oficial (CMO). Después pasa a una auditoría médica de la propia Agencia que evalúa estas instancias. Es decir, que para ser beneficiario ya pasaste tres auditorías médicas distintas. Una vez que se aprueba, el trámite sigue su curso. Hay varias matrículas médicas en el medio que convalidan una situación de salud. No se puede decir livianamente que estas personas no cumplen los requisitos”, aseguró.
En paralelo, el municipio tiene casi 800 pedidos de nuevas pensiones no contributivas frenados en la Agencia Nacional de Discapacidad, de los cuales solo dos fueron aprobados desde que asumió el actual gobierno: uno de ellos correspondía a una persona que ya había fallecido. “La decisión política es no avanzar. Eso está claro”, sentenció Puente.
El director cuestionó también el modo en que se está planificando el presupuesto nacional: “Hay un número fijo de pensiones por discapacidad que ya lo estipularon sin tener el resultado de las auditorías. ¿Cómo saben que supuestamente no les correspondería si todavía no se terminaron esas auditorías a nivel federal? Es un sinsentido”.
ACOMPAÑAMIENTO
El área municipal trabaja en coordinación con el Ministerio de Desarrollo de la Provincia y con organizaciones del tercer sector para brindar contención y evaluar estrategias legales.
“Estamos generando espacios de escucha y articulación con asociaciones que tienen trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, para que sean ellas quienes informen y las familias decidan si quieren sumarse a amparos colectivos”, explicó.
Puente insistió en que la situación excede lo administrativo y afecta directamente la vida diaria de las personas. “En su mayoría, los beneficiarios son familias que ya viven en situación de pobreza y que además ahora se ven atravesadas por un montón de variables más: la falta de recursos, la imposibilidad de pagar traslados, la ausencia de terapias. Desde el Municipio estamos acompañando los casos más críticos, aunque todas son urgentes y todas son graves”, destacó.
Finalmente, subrayó que el recorte impacta de lleno en un colectivo “vapuleado, golpeado y no atendido desde hace muchísimos años”. Y concluyó: “Antes, con todas las dificultades, el sistema funcionaba. Con retrasos o actualizaciones tardías, pero funcionaba. Hoy directamente estamos en un escenario donde los derechos adquiridos se desconocen. La situación es alarmante y lo que vemos es que cada vez son más los vecinos de Luján afectados”.