Se trata del Cuerpo de Prevención Comunitaria (CPC), elaborado por el Ejecutivo y aprobado por 18 votos a favor. La oficialista Aranda remarcó que esto permitirá tener más efectivos en la calle, mientras que el vecinalista Giaccaglia dijo que esta ordenanza "es una forma de reconocer la crisis profunda en seguridad".
El Concejo Deliberante aprobó por mayoría en la sesión del pasado lunes la ordenanza que crea el Cuerpo de Prevención Comunitaria (CPC), con la abstención de las concejalas Susana Busso (del unibloque Queremos Luján) y Micaela Varela (La Libertad Avanza).
La iniciativa fue impulsada por el Departamento Ejecutivo Municipal, en el marco de la agenda integral de seguridad ciudadana y contó con un amplio debate en las comisiones de Legislación, Interpretación y Reglamento, y de Seguridad, Transporte y Tránsito del HCD. En el tratamiento participaron especialistas en materia de seguridad, representantes institucionales y expertos en derecho público.
Según los fundamentos del Departamento Ejecutivo, el proyecto tiene por objeto la creación del CPC en el ámbito de la Municipalidad de Luján, como “una estructura profesional, pública y especializada dedicada a la prevención del delito en todas sus formas”. Su actuación será complementaria a las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, respetando los principios del Estado de derecho y los derechos humanos.
El CPC tendrá como función la prevención local, centrada en la protección de las personas, sus bienes, la convivencia ciudadana y el resguardo del espacio público, “con una clara orientación a la erradicación de la violencia”.
La edil de Fuerza Patria, Adriana Aranda, presidenta de la Comisión de Seguridad, agradeció a los concejales de la oposición que participaron de las reuniones para avanzar con “esta iniciativa que busca darle más tranquilidad a los vecinos”.
Además, dijo que “el plan para combatir el delito que se inició en 2020 hoy apunta a dar una respuesta concreta en una de las principales carencias del sistema que es la falta de recursos humanos. En estos últimos cinco años, el Municipio avanzó notablemente en materia de inversión en logística y tecnología para la prevención del delito. Pero los vecinos siempre nos piden más presencia de personal uniformado. Para atender esa demanda, no podemos estar esperando que el gobierno provincial envíe más efectivos”.
En esa línea, dijo que “hoy tenemos la suerte de contar con la Guardia Urbana y Patrulla Municipal para brindar asistencia y protección a los vecinos. Pero con la creación de esta fuerza podremos dar un paso importante para continuar esta pelea dura que tenemos contra la delincuencia. El CPC viene a complementar las acciones con la Policía Bonaerense y permitirá que nuestra ciudad cuente con más presencia para que nos podamos sentir más seguros”.
Del otro lado, el vecinalista Francisco Giaccaglia dijo que “hace varios años que desde estas bancas venimos visibilizando lo que los vecinos de Luján vivimos a diario con el deterioro claro respecto de la seguridad en Luján. Y el reclamo de que era necesario tomar medidas drásticas al respecto desde el Municipio, lo territorial y la prevención, que no se estaba viendo. Y medidas claras en el reclamo de quien tiene la responsabilidad legal de brindar la seguridad que es el gobierno provincial”.
“No hemos visto un claro reclamo hacia el gobernador Kicillof y de la falta de efectivos policiales y el mantenimiento de los patrulleros. Esto deja en evidencia la crisis profunda que tiene la provincia de Buenos Aires en cuanto a la seguridad. Este proyecto es una forma de reconocer esto que estoy diciendo”, sostuvo.
LOS DETALLES DE LA ORDENANZA
El texto, de más de 70 artículos, detalla los objetivos, funciones, limitaciones, estructura interna, régimen de personal, control disciplinario y formas de financiamiento de este dispositivo local.
En tal sentido, el CPC estará subordinado institucionalmente a las autoridades municipales y dependerá orgánica y funcionalmente del Departamento Ejecutivo. Apunta a la conformación de un cuerpo “especializado y profesional”, con autoridad para intervenir en tareas de prevención y conjuración del delito y de las contravenciones.
Además, se faculta al Departamento Ejecutivo a gestionar financiamiento ante organismos provinciales, nacionales e internacionales, sin perjuicio de la utilización de fondos municipales. También se autoriza la ampliación de la planta de personal y la adecuación de partidas presupuestarias.
Uno de los ejes del proyecto es la articulación interinstitucional. Para ello, se propone la creación de una Mesa de Coordinación Operativa Municipal, que será presidida por el funcionario a cargo de los asuntos de seguridad pública del municipio e integrada también por el jefe del CPC. A su vez, se invitará a participar a los jefes de todas las fuerzas policiales provinciales y federales con actuación en Luján.
La mesa tendrá como funciones básicas el análisis de estrategias locales, el intercambio de información, la planificación de actuaciones conjuntas y la coordinación operativa entre las instituciones participantes.
La ordenanza establece un capítulo específico sobre formación y capacitación profesional. La instrucción será permanente y estará orientada a desarrollar las capacidades específicas necesarias para la función, con contenidos diferenciados según el cargo jerárquico.
Además, se creará la Escuela Municipal del Cuerpo de Prevención Comunitaria, destinada a la formación y capacitación de todo el personal del dispositivo, incluyendo funcionarios y personal de apoyo.
Los requisitos para el ingreso incluyen nacionalidad argentina, hasta 45 años de edad, título secundario, buena conducta, juramento de fidelidad a las constituciones nacional y provincial, y compromiso de permanencia de tres años. Se prohíbe expresamente el ingreso a personas con antecedentes penales, condenas por delitos dolosos o sanciones de cesantía en la administración pública.
El personal utilizará “armas no letales”, según establece la ordenanza aprobada por parte de los ediles. Aunque no especifica cuál será, se estima que se utilizarían las pistolas “Taser”. Se trata de dispositivos de electrochoque que administran descargas eléctricas de alto voltaje para incapacitar temporalmente a las personas. Estos vienen siendo utilizados en diferentes distritos de la provincia.
El uso de la fuerza o de dispositivos no letales sólo estará justificado en situaciones de legítima defensa propia o de terceros, y siempre bajo criterios de gradualidad, proporcionalidad y preservación de la vida e integridad física, en consonancia con los principios establecidos por el Código Penal y tratados internacionales de derechos humanos.