La victima es un menor de edad que tiene conflicto con la ley al que habrían golpeado, robado y hasta disparado simulando una ejecución. Sucedió durante la madrugada del lunes 4 de noviembre en barrio Villa María.
El Juzgado de Garantías del Joven 1, a cargo del Dr. Luis Marcelo Giacoia, interviene en un caso que involucra a efectivos policiales por apremios ilegales. La víctima es un joven de 16 años conocido por sus antecedentes delictivos.
En el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Mercedes se investiga la presunta participación de un grupo de policías en un grave episodio cometido contra un menor de edad durante un procedimiento realizado en el barrio Villa María.
Según ha podido confirmar EL CIVISMO Digital, la madre del menor involucrado se acercó a una dependencia municipal solicitando asesoramiento. En ese contexto,el Municipio "procedió en consecuencia y en base a lo declarado se hizo una presentación judicial, continuando con el acompañamiento y seguimiento del caso".
La investigación se encuentra en su etapa primaria. La semana pasada el juez Giaocia se hizo presente en la sede que el Comando de Patrullas Luján tiene en barrio Parque Lasa en el marco de las primeras diligencias.
Según pudo reconstruirse, el hecho se produjo en la madrugada del lunes 4 de noviembre, alrededor de la 1, cuando varios efectivos policiales se desplazaban en cuatro móviles: una camioneta y un auto del Comando de Patrullas, y otros dos vehículos de la Patrulla Municipal, también un auto y una camioneta.
En ese contexto, los uniformados habrían dado alcance al joven e integrante de una familia conocida en el ambiente delictivo que reside en el barrio San Fermín, que este año estuvo involucrado por lo menos en un par de episodios que terminaron en su aprehensión.
De acuerdo a la versión que brindó una fuente policial de manera extra oficial a este medio, el muchacho fue localizado en inmediaciones de calles Los Claveles y Los Juncos, y al advertir la presencia de los patrulleros, habría intentado escapar ingresando a una vivienda del lugar.
Sin embargo, los agentes hicieron lo propio e ingresaron de manera intempestiva, aparentemente sin orden judicial ni autorización alguna, lo que ya de por sí podría configurar una irregularidad procesal.
Una vez dentro de la casa, los policías redujeron y esposaron al menor, y según denuncias posteriores, lo golpearon violentamente. Trascendió que incluso lo habrían despojado de algunas pertenencias personales y que, cuando ya estaba reducido y sin posibilidad de fuga, efectuaron disparos intimidatorios, simulando una suerte de “fusilamiento”.
En un hecho que llama aún más la atención, los policías no trasladaron al joven a la Comisaría Luján Primera en calidad de aprehendido, como correspondía, sino que lo dejaron ir, presuntamente para evitar el paso obligado por el hospital donde, como establece el protocolo, debía realizarse el examen médico legal que constata el estado físico de toda persona detenida.
Ese control, conocido como precario médico, es obligatorio y tiene por finalidad garantizar la integridad física y psíquica de los detenidos, además de dejar constancia oficial de su estado de salud al momento de la aprehensión.
El examen permite determinar si la persona presenta lesiones, signos de consumo de sustancias o dolencias previas. Si ya tenía golpes antes de la detención, el informe médico lo deja asentado; y si resulta lesionada durante o después del procedimiento, también queda registrado.
De esa manera se protege tanto al detenido como a los efectivos intervinientes ante posibles denuncias o falsos reclamos.
La normativa vigente en el Código Procesal Penal bonaerense y reglamentos del Ministerio de Seguridad, establece que sin certificado médico no puede alojarse a una persona en una dependencia policial, y su omisión puede invalidar el procedimiento o derivar en sanciones administrativas y penales.
En este caso, todo indica que esa instancia fue deliberadamente evitada, lo que refuerza la sospecha de que los policías intentaron encubrir las lesiones provocadas al menor.
En poder de la Justicia hay varias fotografías donde se observa al joven con el rostro desfigurado, el ojo derecho cerrado e hinchado, una marca visible debajo del ojo izquierdo, golpes en la espalda como si habría sido azotado con algo parecido a un látigo y lesiones en una de las piernas.
También presenta lesiones en las muñecas, compatibles con el uso de esposas demasiado ajustadas o con maniobras violentas durante la detención.
Por el momento, no se ha determinado con precisión cuántos policías participaron, aunque se estima que fueron entre seis y ocho, a razón de dos por cada móvil.
Una cámara de seguridad de la zona captó el paso de los patrulleros en el horario coincidente con el hecho, lo que constituye un elemento clave para la investigación. En tanto, otro video muestra a dos policías (un hombre y una mujer) trasladando al menor con las manos esposadas hacía el interior de una vivienda.
Desde fuentes policiales se indicó que, ante hechos de esta naturaleza, debe intervenir la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, organismo que recibe y tramita denuncias por mal desempeño, abuso de autoridad, violencia o corrupción policial.
No obstante, hasta el momento se desconoce si los efectivos involucrados fueron apartados de sus funciones mientras avanza la causa. El caso genera preocupación dentro de la fuerza y un fuerte hermetismo rodea las actuaciones.
En el ámbito judicial, la investigación está dando los primeros pasos. EL CIVISMO intentó comunicarse con el juez Giacoia pero no obtuvo respuesta.
Desde el Área Comunicacional del Ministerio Publica Fiscal indicaron que la denuncia no pasó por el Fuero Juvenil ni por la Fiscalía Descentralizada de Luján.
De confirmarse el accionar descripto, constituiría un grave caso de apremios ilegales agravados, con uso de armas de fuego y abuso de autoridad. En consecuencia, la causa promete tener derivaciones institucionales de peso.