A casi dos años del inicio del conflicto, los afiliados aseguran que la situación es "alarmante" y responsabilizan al Directorio por el vaciamiento que pone en riesgo la salud de miles de personas. Con más de 50 años, muchos afiliados quedaron "cautivos" de la prepaga y denuncian un desmantelamiento sistemático de la cartilla, falta de turnos, pérdida de sanatorios y aumentos encubiertos.
Los afiliados de Accord Salud continúan atravesando una pesadilla mientras su cobertura se deteriora y la empresa sigue sin responder a las demandas que desde hace meses presentan los afectados.
Los reclamos comenzaron a principios de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei dio vía libre a las prepagas para actualizar los valores de los planes mediante el mega DNU. Desde entonces, un grupo de afiliados organizados se contactó con este medio para denunciar la pérdida sostenida de prestaciones. “Nos sentimos vulnerables y vulnerados”, decía Estela, afiliada desde hace más de 15 años. “No hay turnos, falta la medicación, cada vez hay menos prestadores y muchos sanatorios, como el Hospital Austral, fueron dados de baja”, relataba en diálogo con EL CIVISMO.
A casi dos años, la situación no solo no mejoró: empeoró notablemente. En una nueva carta pública, los afiliados exigieron al Directorio de Accord Salud “una respuesta urgente a nuestras demandas”. A lo largo del documento detallan el progresivo desmantelamiento de beneficios, el ajuste permanente —los aumentos mensuales nunca se detuvieron y en ocasiones superan la inflación del Indec— y el profundo desamparo que viven.
A esto se suma otro problema: la mayoría supera los 50 años y ya ninguna otra prepaga acepta incorporarlos por considerarlos “pacientes de riesgo”. En consecuencia, quedaron cautivos de un servicio que, según denuncian, los expone a una vulnerabilidad creciente.
Entre los pedidos centrales figura el “transparentamiento del desmantelamiento de la cartilla”. Reclaman un cuadro comparativo que muestre, año a año desde 2005, la caída de prestadores para dimensionar la pérdida de servicios. También exigen la restitución de todos los centros médicos que alguna vez integraron la cartilla y que hoy ya no brindan atención. Señalan que elaboraron un listado que demuestra “una quita sustancial de prestadores que no fueron reemplazados”.
Los afiliados reclaman, además, que la prepaga respete los turnos ya asignados, habilite nuevos sin cupos restrictivos y garantice la incorporación urgente de prestadores con libre acceso en CABA, Provincia de Buenos Aires, el resto del país y en el exterior, incluyendo Uruguay, que formaba parte de la cobertura. Advirtieron que ya no aceptan como única alternativa la derivación al sistema público.
En las zonas donde no haya prestadores, piden que Accord cubra la atención en centros elegidos por cada afiliado, “sin topes ni límites”, y que la gestión administrativa sea asumida por la empresa. “Los afiliados no deben convertirse en gestores de su propia atención”, remarcan.
Todo se desarrolla en un contexto de mala atención -o directamente desatención- por parte de los equipos administrativos, lo que genera angustia en quienes necesitan estudios o tratamientos urgentes. “Exigimos que cesen de inmediato las trabas burocráticas para acceder a consultas, estudios, cirugías, medicamentos o insumos médicos”, afirman. “Esto afecta especialmente a personas con discapacidad y enfermedades crónicas. La última medida que exige autorización previa para estudios por imágenes es inaceptable. ¿Desconfían de los médicos? ¿Quién evaluará esas autorizaciones y bajo qué parámetros? ¿Quién se hará responsable del sufrimiento de quienes esperan un diagnóstico urgente?”
La situación de la cartilla es crítica. Se perdieron obstetras, oncólogos, clínicos, pediatras, laboratorios históricos, disponibilidad de turnos, acceso a cirugías, medicamentos, tratamientos crónicos y espacios para guardias. El colapso es tal que los afiliados aseguran poder documentar situaciones cercanas al abandono de persona en establecimientos como el Sanatorio Anchorena.
A esto suman lo que califican como “aumentos encubiertos”: la baja de planes que obliga a aceptar nuevos, más costosos, para conservar prestaciones básicas. “Hablamos de salud, no de un servicio prescindible. La prevención y el tratamiento adecuado dejaron de ser la premisa del contrato. El desprecio por la vida y la falta de empatía han sido el denominador común”, señalan.
“Responsabilizamos al Directorio de Accord Salud por las consecuencias de estas políticas de vaciamiento, que ponen en riesgo la salud y la vida de miles de personas. Quienes aportamos mensualmente tenemos derecho a un servicio digno.”
Finalmente, reclamaron una respuesta escrita a cada demanda y una “reunión urgente con los responsables de Accord Salud, indicando nombres, apellidos, cargos y responsabilidades. La salud es un derecho, no un negocio”, concluyeron.