No hace falta caer en teorías conspirativas para advertir que la potencia del norte inició una avanzada sobre territorios que identifica como valiosos bajo la fachada de su seguridad nacional. Las posibles consecuencias de un alineamiento irrestricto.
Enero dejó una convicción inquietante: la Argentina parece haber inaugurado una nueva fase narrativa en torno a la idea de Estado y soberanía nacional.
Sin aviso previo al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aterrizó en la provincia. Se trata del mismo aparato que días antes había estado en Tierra del Fuego. Todo ocurrió sin información oficial ni explicaciones públicas.
En paralelo, los incendios continúan avanzando en la Patagonia ante la mirada atónita de la ciudadanía y la indiferencia del gobierno nacional, que desde su llegada al poder desfinanció áreas clave como Parques Nacionales y sostiene, además, una narrativa que niega el cambio climático.
Hay quienes sostienen que estos hechos son casuales. Sin embargo, resulta difícil desvincularlos de los intereses estratégicos que Estados Unidos ya expresó abiertamente sobre los recursos naturales del sur argentino. Basta recordar las declaraciones de la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur, para advertir que la Patagonia ocupa un lugar central en ese mapa de prioridades.
No hace falta caer en teorías conspirativas para advertir que la potencia del norte inició una avanzada sobre territorios que identifica como valiosos bajo la fachada de su seguridad nacional. Se trata de una nueva fase del imperialismo contemporáneo, que ya no se disimula ni se niega desde los despachos del poder global.
Este escenario se inscribe, además, en un marco de estrecho alineamiento político y económico de la Argentina con el presidente Donald Trump, donde confluyen préstamos, movimientos financieros, acuerdos comerciales y apoyo político. A ello se suma una alineación automática en materia internacional.
Un ejemplo elocuente fue la votación de la Argentina en contra de una declaración histórica de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención de enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud mental. Junto a Estados Unidos, el país fue uno de los únicos dos en rechazar una iniciativa aprobada por amplia mayoría.
La pregunta que emerge es inevitable: ¿cuál es -o será- la contraprestación que deberá asumir la Argentina por este alineamiento irrestricto? Una señal de alerta fueron las declaraciones del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre la intención de “liberar la extranjerización y cambiar el uso de tierras rurales”. Días después, la Patagonia ingresó en un espiral de incendios descontrolados que aún hoy no logran ser contenidos.
Pero la región enfrenta otra amenaza. El presidente Javier Milei incluyó en el temario de sesiones extraordinarias la modificación de la Ley de Protección de Glaciares, sancionada en 2010 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Aunque especialistas advierten sobre su posible inconstitucionalidad, el objetivo parece claro: habilitar proyectos mineros en los que participarían empresas estadounidenses.
¿Una base militar de Estados Unidos en Ushuaia? Nada suena descabellado en estos tiempos. En medio de un llamativo silencio de los grandes medios nacionales, el Gobierno nacional intervino el puerto más austral del país para controlar sus operaciones. La medida, dictada por un año, fue denunciada por el gobernador fueguino Gustavo Melella, quien advirtió que “constituye un avasallamiento, sin ningún tipo de argumento ni hecho que lo avale, a la autonomía de la provincia garantizada por la Constitución”.