El Centro Ambiental "Laudato Sí" continúa paralizado pese a un fallo de la Corte Suprema que le otorga el visto bueno a la reconversión del basural a cielo abierto con fondos ya aportados por el BID. Organizaciones ambientales y vecinos presentaron una medida cautelar para exigir al gobierno nacional el cumplimiento de la resolución judicial y alertan sobre el agravamiento del daño ambiental y social.
La obra del Centro Ambiental “Laudato Sí” y la reconversión del basural más grande la provincia de Buenos Aires continúan demorándose ante la antojadiza negativa del gobierno nacional a cumplir con un fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece destinar los fondos que ya fueron aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Se trata de una obra clave para cerrar un ciclo de contaminación ambiental e injusticia social que afecta desde hace décadas a los vecinos de los barrios aledaños, quienes sufren el impacto del humo y otras consecuencias directas sobre su salud. La paralización del proyecto vuelve a exponer la falta de respuestas estructurales por parte del Estado ante una problemática largamente postergada.
Cabe recordar que en abril del año pasado el tribunal supremo de la Nación, mediante una resolución firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ordenó continuar con la reconversión del basural y sentenció las ilusiones de Viviana Novelle, la empresaria macrista (ahora libertaria) que a través de sus contactos con el poder judicial federal logró demorar la obra, alegando la cercanía con campos de cultivos orgánicos de su propiedad.
En ese contexto, y a partir del impulso de los vecinos que sostienen desde hace años la lucha por la reconversión del basural, el martes 20 de enero se realizó un encuentro en la Sociedad de Fomento del barrio San Pedro. Allí participó la abogada e integrante de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Verónica Vieito, con el objetivo de definir estrategias judiciales que permitan exigir el cumplimiento del fallo de la Corte por parte del gobierno de Javier Milei y de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, a cargo de Daniel Scioli.
AMPARO
La Asociación Civil sin fines de lucro “Asociación por el Centro Ambiental (ApeCA)”, presidida por Sergio Almada, junto con la Asamblea Ambiental de Luján —representada por el sacerdote Sergio Luis Gómez Tey— presentó una solicitud de medida cautelar bajo la órbita de la Defensoría de la Nación contra “la lesión actual que el Estado Nacional produce por su accionar ilegal y arbitrario”.
En la presentación judicial se sostiene que, “atento la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora que traería aparejado aguardar al dictado de la sentencia definitiva”, se solicita el dictado de una medida cautelar que ordene a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación “la reanudación inmediata de las obras del Proyecto Centro Ambiental Luján”, conforme a la Licitación Pública Nacional N° 04/2021 (GIRSU-A-122-LPN-O).
El escrito recuerda que la Asociación Civil se conformó luego de “un largo camino de lucha como vecinos e integrantes de organizaciones sociales contra los efectos que produce el basural a cielo abierto sobre la salud y los derechos fundamentales”, entre ellos el derecho a la salud, a un ambiente sano, al desarrollo con inclusión social, al trabajo y a una vida digna. En ese marco, se destaca que la culminación del Proyecto Centro Ambiental Luján “Laudato Sí” permitiría avanzar en una reparación concreta.
Entre los argumentos centrales, la medida cautelar señala que el Estado Nacional resulta responsable por la omisión de finalizar el Centro Ambiental, iniciado en 2022, con un avance de obra cercano al 50%, y cuya ejecución se encuentra paralizada desde 2024, generando un agravamiento de los daños ambientales y sociales existentes.
El proyecto de reconversión del basural municipal forma parte del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PGIRSU) y es ejecutado por el entonces Ministerio de Ambiente de la Nación, actual Subsecretaría de Ambiente. Se trata de un plan de obras múltiples financiado parcialmente por el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos del BID (préstamo BID 3249/OC-AR).
No obstante, la combinación del lobby ejercido por la empresaria Viviana Novelle y la negativa del actual gobierno nacional derivó en el congelamiento del proceso de avance que registraba la obra, situación que se mantiene hasta la actualidad.
“La prohibición de innovar dispuesta en la medida cautelar del 21 de abril de 2023 fue levantada el 20 de mayo de 2024, ordenándose la reanudación de las obras para el saneamiento del basural. Sin embargo, desde esa fecha a la actualidad no se han reiniciado”, señala el documento impulsado por los vecinos.
Asimismo, se recuerda que la Cámara Federal de San Martín, en julio de 2023, fue contundente al establecer que el eventual perjuicio derivado de la continuidad del proyecto resultaba sensiblemente menor en comparación con la grave situación ambiental existente y con el riesgo de agravamiento que implica la suspensión de las obras.
EL DICTAMEN DEL MICI
El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) es la oficina de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo, encargada de atender reclamos de comunidades afectadas por proyectos financiados por el organismo, a través de instancias de diálogo o investigación.
Desde ApeCA y la Asamblea Ambiental de Luján destacaron la relevancia del dictamen del MICI, ya que aporta precisiones sobre el crédito del BID otorgado a la Argentina, las obligaciones asumidas por el Estado nacional y el estado general del proyecto.
En dicha resolución se concluye que se cumplieron los estándares de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del BID, incluyendo los procesos de participación y consulta con las partes interesadas, la evaluación y gestión de impactos ambientales y sociales —como patrimonio histórico, monitoreo de lixiviados, impermeabilización del basural, protección de aguas y residuos peligrosos— y los mecanismos de supervisión de las salvaguardas implementadas.
¿Quién es Viviana Novelle?
La responsable de imponer trabas judiciales y demorar el avance de las obras en el basural municipal pertenece a una de las familias más encumbradas de nuestro país. Casada y separada de Carlos Aníbal Reyes Terrabusi -hijo de uno de los fundadores de la conocida empresa de alfajores-, Viviana Novelle es titular de una firma que produce y comercializa productos orgánicos, uno de sus tantos negocios. El predio se encuentra situado junto a las tierras que fueron rezonificadas por la gestión de Leonardo Boto en el 2021 conocidas como Estación Sucre.
Alineada con Juntos por el Cambio y vinculada especialmente con Mauricio Macri, en las elecciones de 2023 Novelle intentó jugar fuerte y lanzó su precandidatura como concejala bajo el sello partidario de la Coalición Cívica. Los votos no la acompañaron.