En Luján, diferentes actores institucionales, políticos y mediáticos tuvieron posiciones que, vistas a la distancia, merecen ser revisadas crítica y autocríticamente. Esto último es esencial para corroborar qué posición mantienen hoy, medio siglo después, muchos de aquellos actores (y sus herederos) respecto al genocidio ejecutado.
Por Nicolás Grande
La memoria sobre la última dictadura cívico-militar no es un ejercicio abstracto ni reservado a los grandes centros urbanos. También interpela a las comunidades locales y a sus propias historias. En Luján, como en tantos otros lugares del país, el poder militar no actuó en el vacío: se sostuvo en distintos grados de acompañamiento, silencios o legitimaciones por parte de sectores civiles, muchos de ellos con significativa presencia en la vida social de aquel entonces, sea por su rol en la construcción de sentido, su peso en la economía local o en las dinámicas de la política partidaria. Reconocer esa dimensión es una condición necesaria para continuar la senda abierta en el camino de Memoria, Verdad y Justicia.
Hablar de participación civil no implica distribuir culpas de manera simplista ni ignorar el contexto de miedo y persecución que caracterizó a aquellos años. Tampoco hacerlo sin contemplar grados o matices. Pero sí supone admitir que el entramado social de cada ciudad también formó parte del clima político que permitió el despliegue del plan sistemático de exterminio a partir del 24 de marzo de 1976 (con sus antecedentes inmediatos). En Luján, diferentes actores institucionales, políticos y mediáticos tuvieron posiciones que, vistas a la distancia, merecen ser revisadas crítica y autocríticamente. Esto último es esencial para corroborar qué posición mantienen hoy, medio siglo después, muchos de aquellos actores (y sus herederos) respecto al genocidio ejecutado.
El caso del periódico El Civismo resulta ilustrativo. Durante la dictadura sostuvo posiciones que, como mínimo, hoy resultan cuestionables. Sin embargo, con el regreso de la democracia acompañó de manera decidida los reclamos de los organismos de Derechos Humanos locales y terminó reconociendo de forma explícita el error cometido durante aquellos años de plomo. Ese gesto no borra el pasado ni lo repara automáticamente. Pero tiene un valor importante: la autocrítica pública como forma de aprendizaje. Cuando una institución social, en este caso un medio de comunicación, reconoce sus equivocaciones contribuye a una memoria más madura, capaz de asumir responsabilidades y de extraer lecciones colectivas de cara al futuro.
Muy distinto es lo que ocurre con la Unión Vecinal, fuerza política que tuvo la responsabilidad de conducir el municipio durante la dictadura. Nunca existió una autocrítica pública clara por parte de sus principales figuras (Silverio Pedro Sallaberry, Gerardo Amado, Irundo Costa, entre otros) ni del partido como organización. Tampoco por parte de quienes se reivindican sus herederos políticos. Ese silencio resulta significativo, porque la ausencia de revisión crítica impide que la comunidad pueda procesar su propia historia con mayor profundidad. Pero además esta falta de autocrítica a través de los años supone una segunda reivindicación implícita de la dictadura cívico-militar. Ningún genocidio puede pasar desapercibido ni matizado. Los genocidios se repudian sin atenuantes. Lo contrario ya sabemos a qué suena.
En la última campaña electoral, la Unión Vecinal se sumó al uso del lema “Nunca Más kirchnerismo”. La utilización de una consigna que en la Argentina está profundamente ligada a la memoria contra el genocidio implica una fuerte banalización de un consenso democrático fundamental y muestra el absoluto desprecio que todos estos sectores sienten por estas luchas. Medio siglo después aquella Unión Vecinal que eligió ser pata civil de una dictadura asesina se reivindica aliada de un gobierno nacional abiertamente negacionista. A veces las continuidades históricas dicen verdades a los gritos y también fijan posiciones. Las autocríticas se vuelven imposibles.