El acuerdo con las universidades demuestra que el conflicto nunca respondió a la falta de recursos sino a una decisión política del gobierno nacional fundada en falacias y prejuicios. Mientras tanto la ley continúa judicializada.
La tregua alcanzada con las universidades volvió a dejar en evidencia no sólo los sobrados motivos que tenían docentes y trabajadores para exigir una recomposición salarial y recursos para el funcionamiento de las casas de estudio. También expuso la irracionalidad de la postura que sostuvo el gobierno nacional desde el inicio de su gestión.
El pasado miércoles, el Ministerio de Capital Humano informó que la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes suscribieron un acta acuerdo que permitirá una actualización salarial y presupuestaria largamente reclamada por la comunidad universitaria.
Conviene recordar que, desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, las universidades debieron recurrir a cuatro movilizaciones masivas, paros, asambleas y múltiples medidas de fuerza para visibilizar una situación crítica que, como finalmente quedó demostrado, no obedecía ni a una política de eficiencia ni a la inexistencia de recursos.
El ajuste sobre todo el sistema universitario y científico —salarios, becas, investigación, infraestructura y programas académicos— puso de manifiesto algo más profundo: el desprecio del oficialismo por una de las herramientas más importantes para el desarrollo de cualquier sociedad. No es casual que la educación superior pública constituya uno de los rasgos distintivos que históricamente diferenciaron a la Argentina de gran parte de la región.
Por eso, el acuerdo alcanzado no debería hacer olvidar la batería de falacias, prejuicios y argumentos engañosos que distintos funcionarios utilizaron durante más de dos años para justificar el ajuste. Entre ellos, las acusaciones sobre una supuesta resistencia a las auditorías, el señalamiento hacia los estudiantes extranjeros o los cuestionamientos sobre la relación entre cantidad de docentes y alumnos.
A pesar de la ofensiva permanente contra la educación pública -amplificada por comunicadores que respaldan de manera sugestivamente acrítica cada decisión oficial- el gobierno terminó reconociendo que el deterioro salarial era insostenible.
El acuerdo contempla una actualización del 24,33 por ciento de la masa salarial, un incremento del 20 por ciento en los gastos de funcionamiento de las universidades y una partida adicional de 50 mil millones de pesos destinada a hospitales universitarios.
Desde ATUNLu celebraron el avance, aunque recordaron que se trata apenas de un paso parcial. “Este avance no es una concesión: es el resultado de los paros, las movilizaciones, las asambleas y el compromiso de no docentes, docentes, estudiantes, rectoras y rectores que, en unidad, venimos defendiendo la universidad pública frente al ajuste”, señalaron.
Y tienen razón. Porque el incremento acordado todavía se encuentra lejos de compensar la pérdida salarial acumulada desde la asunción de Milei. Además, el gobierno tampoco logró uno de sus principales objetivos: que las universidades retiraran de la Corte Suprema la demanda vinculada con el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La tregua llegó. Pero la discusión de fondo sigue abierta.