Todavía hay dos prófugos, un juicio que no llega y una herida que sigue abierta.
Este viernes se cumplen cuatro años de uno de los episodios de violencia más graves que recuerde el fútbol de Luján. Cuatro años desde que Joaquín Busto Coronel, un joven de apenas 18 años que había concurrido al Campo Municipal de Deportes para presenciar el clásico entre Luján y Alem, fue asesinado de un disparo en el pecho durante un enfrentamiento protagonizado por integrantes de la barra brava del conjunto de General Rodríguez.
El paso del tiempo no hizo más que profundizar la sensación de impunidad. A cuatro años del homicidio, los dos principales acusados de haber tenido roles centrales en la balacera continúan prófugos de la Justicia, mientras el juicio oral aún no comenzó y la familia de la víctima sigue esperando una respuesta definitiva del Estado.
La investigación judicial permitió reconstruir con precisión lo ocurrido aquella tarde del 10 de julio de 2022. Para la Fiscalía de Investigaciones Complejas del Departamento Judicial Mercedes quedó acreditado que la agresión fue planificada y ejecutada por integrantes de la barra de Alem, varios de ellos vinculados además a la conducción institucional del club.
Las pericias, los testimonios y las numerosas filmaciones incorporadas al expediente señalaron como autor del disparo mortal a Mariano Fabián González, quien, según la acusación, extrajo una pistola calibre 9 milímetros de un automóvil estacionado sobre la avenida Carlos Pellegrini y abrió fuego contra los simpatizantes de Luján. Uno de esos proyectiles impactó en el pecho de Joaquín Busto Coronel, quien falleció horas más tarde.
Sin embargo, Mariano González jamás fue detenido. Desde el inicio de la investigación logró mantenerse fuera del alcance de la Justicia y continúa prófugo pese a que sobre él recae la acusación más severa del expediente.
La situación se agravó en marzo de 2024 cuando su hermano, Martín Alejandro González, considerado por los investigadores como otro de los principales protagonistas de la balacera y señalado como uno de los hombres que también disparó con una pistola 9 milímetros contra los hinchas de Luján, decidió escapar antes de que se hiciera efectiva la revocación de su arresto domiciliario.
Cuando la Policía llegó hasta la vivienda donde debía cumplir la medida cautelar, Martín González ya no estaba. Desde entonces también permanece prófugo.
Que dos de los principales acusados hayan conseguido eludir durante años a la Justicia constituye uno de los aspectos más cuestionados de una investigación que, si bien avanzó en la identificación de los responsables, nunca logró asegurar la presencia de todos ellos ante un tribunal.
El expediente tiene diez imputados con distintos grados de responsabilidad. Entre ellos aparecen acusaciones por homicidio agravado, lesiones graves y leves calificadas por el uso de armas de fuego, abuso de armas, resistencia a la autoridad y encubrimiento.
Pero el caso también dejó al descubierto otro dato inquietante: prácticamente todos los acusados integraban en ese momento la comisión directiva del Club Leandro N. Alem o tenían una participación activa dentro de la barra brava de la institución. Vocales titulares, vocales suplentes y dirigentes aparecen mencionados en una causa que expuso los vínculos entre sectores violentos y la conducción del club.
La reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía también permitió establecer la magnitud de aquella batalla campal. Además del asesinato de Joaquín, al menos siete personas recibieron impactos de bala y más de treinta resultaron heridas como consecuencia de los enfrentamientos. Las pericias contabilizaron más de 130 disparos durante los incidentes.
La mayoría fueron efectuados por las fuerzas de seguridad con escopetas calibre 12/70, aunque también quedaron acreditados disparos realizados con pistolas calibre 9 milímetros utilizadas por integrantes de la barra de Alem.
Pese a semejante volumen de pruebas, el tiempo transcurrió sin que el proceso judicial lograra cerrarse. Cuatro años después, el expediente continúa esperando la realización del juicio oral mientras los dos principales acusados siguen prófugos.
La falta de resultados concretos alimenta los cuestionamientos hacia un sistema judicial que no consiguió localizar a quienes están señalados como protagonistas centrales del crimen. Más aún en el caso de Martín González, cuya fuga ocurrió cuando debía encontrarse bajo control judicial cumpliendo arresto domiciliario.
Para la familia de Joaquín Busto Coronel, el paso del tiempo no atenúa el dolor. Cada aniversario vuelve a poner sobre la mesa la misma pregunta: ¿Cómo es posible que los presuntos responsables del asesinato de un joven de 18 años continúen evadiendo a la Justicia durante tantos años?
El crimen de Joaquín no sólo dejó una víctima fatal. También marcó un antes y un después en la historia de la violencia vinculada al fútbol. Fue el último partido que se jugó en el Campo Municipal de Deportes y expuso las debilidades de un sistema que, cuatro años después, todavía no pudo garantizar que quienes están acusados de protagonizar aquella tarde sangrienta respondan ante un tribunal.
Mientras el caso permanece sin sentencia y los principales sospechosos siguen desaparecidos, la impunidad continúa siendo la protagonista de una causa que aún espera justicia.